Lugo supera a A Coruña y ya es la segunda provincia más multada por irregularidades urbanísticas
LUGO
Los datos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística muestran que 16 edificaciones fueron demolidas en los dos últimos años por desobedecer a la normativa
04 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.A simple vista, diferenciar una parcela catalogada como rústica de una urbanizable puede no ser tan sencillo. Sin embargo, en cuanto se consulta su estado legal, las dudas se disipan. Aun así, hay quien —intencionada o inintecionadamente— contraviene a la normativa edificando donde no está permitido. La tradición del «ti vai facendo» sigue imperando en Galicia para muchos, pero con una diferencia: ahora, si te descubren, el castigo es severo.
La encargada de impartir justicia en este sentido es la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Xunta. Este organismo se encarga de revisar, investigar y ejecutar la demolición de todas las edificaciones construidas irregularmente en suelo gallego. Su actividad se concentra en las zonas costeras, donde las infracciones se multiplican por la cercanía al mar y su consiguiente interés urbanístico, pero el interior de la comunidad está también plagado de incumplimientos.
Esto se vuelve evidente al analizar los datos publicados en su informe anual. Aunque la APLU sí muestra ya algunos casos particulares del año 2023, su último documento oficial explica su actividad en el curso anterior, el 2022.
En este escrito, se despeja una incógnita que es ya una realidad: Lugo se ha convertido en la segunda provincia con más incumplimientos en la mayoría de índices analizados por la APLU, superando a Ourense y a A Coruña y solamente por detrás de Pontevedra.
Multas de hasta 10.000 euros antes de ejecutar la demolición
Los casos más habituales detectados en Lugo y en toda Galicia son los de las construcciones de uso residencial o de almacenaje en suelos de carácter rústico. Si se detecta alguna edificación que incumple la normativa, la APLU tiene la potestad de multar al responsable. Las sanciones coercitivas van desde los 1.000 euros para el primer aviso hasta los 10.000 de la quinta (y sucesivas).
En este aspecto, Lugo solo está por detrás de Pontevedra. Según el informe del 2022, la provincia de las Rías Baixas sufrió 134 sanciones. Lugo fue la segunda, con 79, una más que A Coruña y lejos de las 26 de Ourense.
Estas sanciones sirven como medida de disuasión para los responsables de las construcciones, pero también como advertencia. Si no deciden derribar la edificación de manera voluntaria, la APLU entrará de oficio y ordenará su demolición, cargándole los gastos de la obra al dueño de la misma.
Si la APLU decide ejecutar el expediente, la reposición de la parcela a su uso legal es ya inevitable. La asociación se mantiene presente durante todo el proceso, certificando incluso de manera fotográfica que el edificio ha sido derribado y que la finca —en la mayoría de los casos— vuelve a tener un uso rústico.
A falta del informe oficial, la APLU derribó seis edificaciones en la provincia de Lugo en el 2023. Son dos menos que en el 2022 y ocho menos que en el 2021. Este descenso, sin embargo, no se equipara al de las multas coercitivas, donde ya se impone a A Coruña.
Variedad en toda la provincia
La variedad es la tónica dominante a lo largo de la provincia. Las localidades más pobladas no cuentan con más casos que el resto, sino que los expedientes se extienden por municipios de toda la geografía lucense. Los municipios afectados este 2023 fueron Lugo, Baralla, Vilalba, Outeiro de Rei, Foz y Begonte, cada uno con una reposición urbanística.
Especialmente curioso es el caso de Baralla, donde la asociación ordenó derribar una fábrica entera dedicada a la gestión y transformación de aglomerado asfáltico, ya que el suelo donde se levantó era exclusivamente de uso rústico.
El año anterior, la APLU ejecutó dos demoliciones más. Concellos como Xermade, Viveiro, Monforte, Barreiros, A Pontenova y Castroverde se añadieron a la lista. En la mayoría de casos, el motivo de la denuncia y la posterior reposición fue que se habían levantado edificaciones en suelos rústicos.
Otra estadística también favorece a la provincia. En cuanto al número de expedientes resueltos, ya sea de manera favorable o desfavorable al denunciado, Lugo queda solo por detrás de Pontevedra con 56 resoluciones, muy por delante de las 33 de A Coruña y las 23 de Ourense.
En cuanto a las reposiciones ejecutadas sí cae al tercer lugar, con 10, por debajo de A Coruña (30) y Pontevedra (90). En toda Galicia, la APLU envió a la Fiscalía 35 expedientes por un posible delito contra la ordenación del territorio.
La agencia, finalmente, insta a los concellos de Galicia que todavía no están adheridos a su colectivo a que lo hagan. Este año, tres nuevos municipios se sumaron a la APLU: Toén, Leiro y Valdoviño.