Comienza el baile para la operación Pollo al devolverla el juez tras siete años abierta

La operación Pollo, puesta en marcha para desenmascarar una presunta trama que explotaba a inmigrantes marroquíes en granjas de Lugo y León, entra en fase de paseo por los juzgados de Lugo. El nuevo responsable del Juzgado de Instrucción número 3, Sergio Orduña Alonso, no aceptó anularla, como así pedían varios abogados, pero por ahora no la quiere en su juzgado. La envió al decanato para reparto porque en su momento su colega Estela San José no lo hizo. Siete años después también comienza el baile de esta operación, como sucede con la de la presunta retirada de multas por parte de agentes de la Policía Local de la que parece que nadie quiere hacerse cargo.

La operación Pollo, recuerda el juez en el auto en el que decide no anularla, comenzó en base a un atestado de la Policía Nacional de Lugo que daba cuenta de la posible comisión de un robo con violencia y aparecía como imputado un marroquí que luego prestó declaración. En octubre de 2009 acordaron deducir testimonio por tales hechos e incoar diligencias previas que tramitó Estela San José quien continuó con las actuaciones sin enviarlas al juzgado decano para su reparto.

Dice el juez Sergio Orduña que comparte plenamente los criterios del fiscal que expone que no ha lugar a la anulación de la causa, pero sí para su envío a reparto. Expresa el magistrado que «en suma podríamos indicar que la vulneración de las normas de reparto no afectaría a normas esenciales del procedimiento, por tanto no es una situación objetiva susceptible de ser encuadrable en una causa de nulidad de las previstas en el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás concordantes, pero ello no es óbice para que, conocida como es la omisión de la remisión de la causa al reparto mediante el sistema del decanato, se haya de remitir la causa para depurar tal omisión sin perjuicio de que pudiera la competencia regresar a este órgano judicial o a otros de los de instrucción de este partido judicial».

Destaca el magistrado que «visto el estado del presente procedimiento, se entiende que la causa ha de ser enviada al reparto de turno (....) a fin de evitar el mantenimiento en el tiempo de un trámite que en su día se debió haber efectuado». Dice también que es cierto que la sentencia clave del Supremo sobre las multas de tráfico no se refiere a nulidad de actuaciones, pero si entiende que hay que enmendar una situación irregular como fue el no envío a reparto.

Advierte Sergio Orduña a las partes que entre sus funciones no está la de declarar nulidades de diligencias «en cuanto a contenido sustantivo o de fondo, esto es, en fase instructora se podría a lo sumo declarar la nulidad procesal (que no hay tal nulidad) mientras que si existiese alguna nulidad de fondo o sustantiva sobre pruebas obtenidas o diligencias se entiende que en todo caso serían cuestiones previas a depurar en una eventual y posterior fase de enjuiciamiento o de plenario».

Ahora, cuando el juzgado decano reparta, volverá de nuevo la posibilidad de que siga la larga instrucción (al igual que las otras que se encuentran abiertas) de esta causa que tiene más de un centenar de imputados, aunque el núcleo duro de la trama se centra en dos o tres personas, algunas de las cuales parece que ya no estarían localizables. La trama supuestamente llegó a explotar a centenares de ciudadanos marroquíes que pagaban por ser explotados en grandas cuidando ganado o recogiendo pollos por las noche en granjas avícolas.

«Hay que evitar que se mantenga en el tiempo un trámite que no se hizo en su día»

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