Ordenan al dueño del Garañón que lo cierre bajo advertencia de ser multado
LUGO CIUDAD
El juzgado dice que ya no tiene ningún tipo de control sobre el edificio
27 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello ordenó a Ricardo Iglesias Paredes, el dueño de O Garañón, que proceda a cerrar la entrada al polémico edificio para evitar posibles accidentes «a calquera persoa que poida acceder de forma clandestina ao interior». Para llevar a cabo la operación le conceden un día de plazo. Comenzará a contar cuando reciba la notificación que figura contenida en un decreto que fue firmado el jueves. Si no cumple con lo exigido, el constructor podría llegar a ser sancionado hasta con 10.000 euros.
La institución municipal adoptó esta decisión después de haber recibido el pasado día 5 una oficio del Xulgado de Instrución número 2 de Lugo en el que se pone de manifiesto, entre otros extremos, que el juzgado carece de «cualquier clase de control judicial sobre dicho edificio, al haber cesado, por auto de fecha de 28 de mayo de 2014, la medida cautelar de paralización de las obras y acordado el desprecintado judicial que pesaba sobre el mismo, por lo que no hacía falta ninguna autorización judicial para que dicho Ayuntamiento acometiera las medidas de seguridad adicionales que se establecían en el decreto de 8 de junio de 2015, respecto de las cuales se desconoce si se han dado o no inicio por dicho Ayuntamiento».
La Policía Local acudió al inmueble el pasado 19 y comprobó como los accesos se encontraban abiertos, «polo que calquera persoa pode acceder ao seu interior». El decreto, firmado por el concejal Daniel Piñeiro reclama que el promotor ejecute las medidas de seguridad consistentes «na reparación urxente da porta da acceso da planta baixa do edificio, con fin de evitar un posible risco de accidente a calquera persoa que poida acceder de forma clandestina ao interior da referida edificación». Explica el documento que si no se cumple el requerimiento, podrá hacerlo el Concello o exigir su ejecución forzosa mediante la imposición de multas que pueden llegar hasta los 10.000 euros. La decisión fue comunicada al juzgado. El promotor, que quiere negociar un cambio de edificabilidad, puede interponer recurso contra el decreto.
El Concello no precisa ningún tipo de autorización judicial para actuar en el inmueble