El alcalde de Palas rechaza que prevaricase y acosara a la secretaria

La Voz LUGO / LA VOZ

PALAS DE REI

óscar cela

Dicen que no fue casual que la querella se presentara antes de las elecciones

14 jun 2017 . Actualizado a las 00:12 h.

Ni Pablo Taboada, actual alcalde de Palas, ni su antecesor en el cargo, Fernando Pensado, admitieron ninguno de los cargos que les imputan -prevaricación y acoso laboral- a raíz de la denuncia presentada por la secretaria titular Celia González. Señalaron en el juicio, que comenzó ayer en la Audiencia Provincial, que no tenían ningún problema con la funcionaria. Taboada apuntó que se le incoaron los expedientes disciplinarios porque cometió faltas «graves». Pensado, por su parte, dijo que las desavenencias comenzaron cuando González puso reparos al abono de las nóminas del personal. Él decidió levantarlos para que pudieran cobrar porque había pasado la primera semana y todavía no habían podido ingresar los sueldos. Empeoró la situación cuando presentó la querella en la primavera del 2011, una semana antes de las elecciones. Esta circunstancia, según quedó de manifiesto en el juicio, es el argumento que utilizan para justificar que se trata de una cuestión política. Pensado negó que le hubiera cambiado las claves del ordenador.

Taboada, Pensado, ni ninguno de los otros nueve imputados -en el banquillo había concejales, funcionarios y un ex director xeral de la Xunta- tuvieron que responder a las preguntas de la acusación. Se acogieron a su derecho a no hacerlo y solamente respondieron a las cuestiones que les planteó el fiscal. Por esta razón quedaron en el aire numerosas incógnitas.

La vista continuará hoy por la mañana, con la declaración de la secretaria titular de Palas, Celia González, quien ayer a las puertas de la Audiencia dijo que en siete años le habían abierto seis expedientes disciplinarios, que generaron 19 procedimientos contencioso administrativos. También está previsto que testifique el portavoz del PSOE, Horacio Blanco. Su nombre salió en numerosas ocasiones a lo largo de la sesión de ayer. La fiscal le preguntó a los ediles si no habían sido advertidos por la oposición de que el acuerdo para destituir a la secretaria era ilegal.

Para Taboada y Pensado el fiscal reclama diez años de inhabilitación para cargo público y multa de 3.600 euros para cada uno de ellos por el primero de los delitos y dos años de cárcel por el segundo.

Los otros acusados

En este mismo caso están acusados cuatro concejales que aprobaron en pleno la destitución de la secretaria, a sabiendas, según el fiscal de la ilegalidad de este acuerdo; el ex director xeral de Administración Local de la Xunta, Norberto Uzal, que firmó un informe redactado por su departamento sobre la sanción que deberían de imponer a la funcionaria. Según el fiscal, el ex cargo de la Xunta redactó el informe para «dar cobertura jurídica a las pretensiones del resto de los acusados, ya que, en ningún momento tuvo en cuenta que las sanciones impuestas en los diversos procedimientos contencioso administrativos estaban siendo revocados».

También están imputados cuatro funcionarios de Palas. Uno de ellos por usurpación de funciones, al ejercer como secretario sin disponer de la titulación necesaria y por acoso laboral y otra por usurpación de funciones y por infidelidad en la custodia de documento público.

Para los concejales pide 10 años de inhabilitación especial por prevaricación. Para uno de los funcionarios, que ejercía funciones de secretario, el ministerio público demanda cuatro años de cárcel.