Trabajo pondrá el foco sobre los barcos arrastreros por su alta siniestralidad

Si esto fuese el Reino Unido o Alemania, quizá el marinero le tirase de las orejas al armador en caso de no llevar un chaleco salvavidas. Pero esto es España, y en «el país de la improvisación», la mentalidad es muy diferente. Así es que tres decenios después de haber entrado en la Unión Europea y dos desde que Bruselas nos metiese con calzador un tocho de normativa preventiva en materia de riesgos y salud laboral calcada de los países más desarrollados, como Francia, Alemania o los Países Bajos, los españoles, «muy mandadiños y agradecidos de tener trabajo», aún entienden como obligación e interpretan como un estorbo la protección de la salud en el trabajo, en lugar de lo que es: un derecho.

Y en el mar, uno de los trabajos más peligrosos y con mayor siniestralidad, se quejan de que son los más controlados. Así lo expuso Elena Mancha, jefa de la Unidade de Seguridade e Saúde da Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social de A Coruña, en la jornada técnica A pesca e o seu entorno sociolaboral, que, organizada por la Federación Galega de Confrarías, analizó en Santiago cuestiones relativas a asistencia médica, salud laboral, formación... 

Lectura inversa es la que hace José María Pérez Toribio, subdirector general de Acción Social Marítima: nadie tiene derecho a perder la salud o la vida por ir a trabajar.

En los últimos años, muchas de las víctimas mortales y de los accidentes marítimos han ocurrido a bordo de buques arrastreros. De ahí que los inspectores de la campaña Segumar -que desde hace diez años desarrollan de manera coordinada el Instituto Social de la Marina (ISM), el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) y el Ministerio de Empleo- vayan a poner el foco en ese segmento de flota últimamente tan luctuoso.

En A Coruña, las inspecciones corren a cargo del equipo de Elena Mancha, que fue precisamente la que avisó sobre ese especial acento que se pondrá en el arrastre.

Cifras en Galicia

Según las instrucciones enviadas, en España están previstas 220 inspecciones en barcos de arrastre. Y en Galicia, de las de 47 que le corresponden, 23 serán a barcos de esa modalidad de pesca. En realidad serán 330 en total, puesto que una de las novedades que se ha incorporado a la forma de actuar es la revisita. Esto es, que los técnicos regresarán a la mitad de los barcos revisados para comprobar que realmente se hayan corregido las deficiencias detectadas.

¿Se detectan muchas? Según Mancha, en el 99, 9 % de los casos sí. Las hay «de todo un poco», pero mandan las relacionadas con los equipos de trabajo y los de protección individual (EPI) y los botiquines.

En esas situaciones, se dirigen requerimientos a las empresas y se les da un plazo para subsanar las anomalías. La parte positiva es que apenas se han impuesto sanciones. Y las tramitadas no han sido demasiado elevadas, 3.000 euros la más alta. Otra cosa es el accidente. Esa ya es otra cuestión y las cuantías son bastante más importantes. 

Exceso de confianza

Porque un accidente no viene de «qué mala suerte tuvo». La mayoría, según Mancha, se deben a un exceso de confianza. Y es que, a diferencia de la construcción, en la que muchos de los accidentes se producían porque llegaba al sector mano de obra de muy distintas actividades sin haber puesto nunca antes un ladrillo, la pesca es un ámbito muy profesionalizado, en el que la gente, además de llevarlo en la sangre y mamado de padres y abuelos, está muy formada. Y «la profesionalidad y la experiencia relajan mucho». Eso explicaría por qué la siniestralidad en el mar, aunque se ha reducido, no lo ha hecho como en la construcción. Por ese exceso de confianza que lleva a prescindir de las medidas preventivas.

Así es que la inspectora apeló a ese carácter paternal que siempre ha tenido el armador para que vele por sus trabajadores. Precisamente por lo que se mencionaba al principio, porque en Alemania quizá el trabajador pueda tirar de las orejas al patrón, pero aquí en España, no. Y la prevención debe hacerse de arriba abajo. «Preocúpense de sus trabajadores. Y si no, háganlo por ustedes mismos, porque quien va a sentarse en el banquillo en caso de accidente es el armador. «Y las multas de 2.000 a 10.000 euros, también las pagarán ustedes», aleccionó Mancha.

Patrones mayores se plantean no firmar el plan de explotación para no cargar con responsabilidades

La jornada organizada por la Federación Galega de Confrarías sirvió para que los participantes expresasen sus inquietudes. Ni que decir tiene que la de la obligación de llevar un botiquín con 26 medicamentos y casi otros tantos instrumentos quirúrgicos fue una de las cuestiones que surgieron. 

Plan de seguridad

Responsabilidad subsidiaria de los patrones mayores. También quedó patente la inquietud de los patrones mayores, que se han visto erigidos sin quererlo en responsables subsidiarios en el plan de seguridad al que obligan a los buceadores que faenan a recursos específicos. «Se un mariscador vai bebido ou sube ao barco con febre... ¿Teño eu que valorar se pode ou non traballar e cargar coa responsabilidade?», lanzó el patrón mayor de A Illa. No fue el único que dejó patente su preocupación. María del Carmen Vázquez, de Lourizán, incidió en el problema y apuntó que hay patrones mayores que se están planteando si firmar o no los planes de explotación, porque no pueden asumir «a culpa de todo». 

Certificados médicos

Un chequeo gratuito. Las quejas por los certificados médicos a los que deben someterse los marineros para embarcar también suscitaron debate. Desde el sector plantearon los trastornos que conlleva, pues deben perder tiempo de trabajo. Desde el ISM, Toribio llamó a ver ese trámite burocrático como un chequeo gratuito que de hacerlo por lo privado tendría un coste importante. Asimismo, anunció que el siguiente paso será la vigilancia de la salud, pues se cruzarán los datos con los de la Seguridad Social para evitar duplicidad de pruebas y para detectar posibles problemas y determinar cómo incide el trabajo en la salud. Mientras, las mariscadoras pedían para sí ese reconocimiento que, por no tener que embarcar, no tienen que realizar. Lo reclaman porque esa sería una forma de que se le diagnosticara como enfermedad profesional esas lumbalgias y esos reumas que sufren. 

Citas «online»

Plantilla envejecida. Desde el sector demandaron al ISM que se habilite una aplicación o un sistema informático para pedir citas online y elegir día y hora en el que hacer el reconocimiento médico. Toribio aseguró que ese es uno de sus empeños, pero apeló al sector a que entendiese que la edad media de la plantilla del ISM es de 60 años. Quizá eso sirva de explicación a los retrasos en la informatización del servicio. 

La protección: más que un gasto, una inversión

Quizá por esa mentalidad latina tan distinta de la nórdica, el empresario español, no solo de pesca, ve la factura del material dedicado a la prevención de riesgos y protección de la salud como un gasto. José María Toribio, sin embargo, discrepó con esa visión y sostuvo que fomentar la salud en el entorno laboral es un «buen negocio». Claro que él se confesó un «obseso de la prevención», porque «prevenir no solo es mejor que curar, sino que es más barato».

Lo del buen negocio lo demostró con números. En Europa se pierden cada año 600 millones de jornadas laborales por enfermedades de los trabajadores con unas pérdidas que superan el 3 % del PIB de los países miembros, dijo. Y una mejora de los hábitos de salud de los trabajadores puede reducir el absentismo laboral hasta un 36 %. Por cada euro que se invierte en promoción de la salud se obtienen entre 2,5 y 4,8 euros de beneficio por la disminución del absentismo. Además, cada accidente mortal que sufre un trabajador tiene un coste para la empresa de 21.000 euros, mientras que el gasto medio por empleado en medidas preventivas cuesta alrededor de 850 euros. 

Elevadas tasas

Toribio abundó en que la mortalidad en la pesca se ha reducido, de 45,7 víctimas mortales por cada 100.000 trabajadores en el 2006 a 31,2 en el 2013. También en la construcción, de 14,4 a 8,89: «¿De verdad podemos permitirnos un sector en el que los accidentes graves estén 22 puntos por encima del siguiente?», retó el responsable del ISM. En que el coste no puede ser una excusa y que la compra de un EPI es una inversión incidió Juan Vázquez, técnico de Mar Seguro, el servicio de prevención mancomunado de las cofradías. Introdujo en el debate el concepto de rentabilidad y eso de que lo barato sale caro. Que un EPI es muy caro es una de las mayores mentiras que existen en el mar: «Si unas botas de trabajo me cuestan 30 euros y me van a durar seis meses son más caras que unas que cuestan 50 y me van a durar un año», dijo. Así que llamó a analizar el coste del producto y el tiempo de duración para saber cuánto cuesta la prevención al día.

---

---

---