Incertidumbre al anularse la gestión conjunta de la flota española en Gran Sol
SOMOS MAR
El Gobierno cita al sector tras invalidar la Audiencia Nacional la unión de censos
20 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Con siete palangreros de menos de 100 toneladas de registro bruto (TRB), la organización asturiana Arpacan ha conseguido que la Audiencia Nacional anule la gestión conjunta de los 95 pesqueros españoles que faenan en los caladeros comunitarios de Gran Sol y golfo de Vizcaya. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo invalida la unificación de censos porque la Secretaría General de Pesca decidió sin el «dictamen preceptivo del Consejo de Estado». El fallo judicial ha generado incertidumbre en el sector, cuyos dirigentes ya han sido citados por Pesca para analizar las consecuencias inmediatas y las posibles soluciones.
En agosto del 2014, el Gobierno acordó unir los censos de la flota española con licencia para aguas europeas, la de más de 100 TRB y la de menos. De los 105 barcos inicialmente afectados, siguen en activo alrededor de 95, de los cuales 66 tienen base en Galicia, 16 en el País Vasco, 8 en Asturias, 2 en Cantabria y 3 en el sur de España. Arpacan la recurrió alegando que la unificación de censos favorecía la acumulación de cuotas. La Audiencia Nacional le da razón porque Pesca incurrió en un «vicio sustancial» al no pedir el dictamen al Consejo de Estado. Cuando el Gobierno unió los censos, las asociaciones de armadores con barcos de más de 100 toneladas se opusieron aduciendo que les obligaba a repartir sus cuotas con los de menos porte, todos palangreros de fondo que capturan merluza en el golfo de Vizcaya. Menos Arpacan, todas las organizaciones acataron la orden ministerial.
Además de al Gobierno, Arpacan codemandó a la Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OPP-7), que representa a la otra mitad de los barcos españoles de menos de 100 toneladas. Desde esa asociación pidieron expresamente a la Audiencia Nacional que no atendiese la demanda de la asturiana.
Reglas de juego
La sentencia de la Audiencia cambia las reglas de juego que desde hace casi 3 años modificaron la gestión de las cuotas españolas en caladeros europeos. Para los barcos de más de 100 TRB significa que quedan en el aire las cuotas y derechos que compraron a los de menor porte. Para los de menos de 100 toneladas, representa una vuelta al pasado porque sus opciones de capturar merluza en el golfo de Vizcaya se rigen de nuevo por días y esfuerzo, no por topes individuales para embarcación, como para los de Gran Sol.
Sergio López, gerente de Productores Pesqueros de Lugo, recalca que la unión de censos «é positiva e beneficiosa», pero llama la atención sobre «a incertidume». Es la misma palabra que emplea Hugo González, de Armadores de Vigo, para definir una situación que abre un compás de «espera hasta lo aclare» la Secretaría de Pesca. Jesús Lourido, de Puerto de Celeiro, pone el acento «na inseguridade xurídica», pendiente de «ver cómo se restitúe a tranquilidade». Todos esperan que la Secretaría de Pesca se explique en la reunión que convocó para el próximo 4 de mayo.
Transferencias de cuotas y compras de derechos quedan en el aire
La gestión conjunta de las flotas de Gran Sol y del golfo de Vizcaya abrió la posibilidad de transferir cuotas y de comprar derechos. Al amparo de esa normativa, durante los últimos meses algunas organizaciones han invertido para mejorar sus posibilidades de capturas y otras están en plenas negociaciones. Todo eso queda en el aire con la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la gestión conjunta de la flota española.
Desde Productores Pesqueros de Lugo, Sergio López subraya que ahora «procede unha solución para esas operacións, beneficiosas para o sector, nas que non caben supostos de inseguridade xurídica». Y Jesús Lourido, de Puerto de Celeiro, considera que ante ese posible «impacto económico» corresponde aplicar una «base legal» que lo evite.
También por no consultar al Consejo de Estado, la Audiencia Nacional anuló el plan de gestión pesquera del Cantábrico-Noroeste. El Gobierno cumplió ese trámite y volvió a promulgarlo.
80 de más de 100
La mayoría son gallegos. Se concentran en los puertos de Celeiro, Burela y Vigo.
15 de menos de 100
8 de A Mariña y 7 de Asturias. Los gallegos aplauden la orden que recurrieron los asturianos.