Un juzgado de primera instancia de Oslo le ha dado la razón al Estado noruego
01 may 2017 . Actualizado a las 12:21 h.Primer revés judicial para los marineros españoles -unos 10.000 gallegos- que trabajaron en buques mercantes de Noruega antes de 1994 y a los que el país nórdico les niega las pensiones. Un juzgado de primera instancia de Oslo le ha dado la razón al Estado noruego. Así lo confirmó ayer el abogado de los marineros, Øivind Østberg, quien anunció que la sentencia será recurrida y que tratará de llevar el caso directamente al Tribunal Supremo noruego, en virtud de una regla especial de las leyes procesales de ese país.
Unos 12.000 marineros, embarcados en la flota noruega desde 1948 a 1994 (cuando este país entró en el Espacio Económico Europeo), fueron obligados por ley a pagar en impuestos hasta el 30 % de su salario bruto, aunque, al no vivir en el país escandinavo, se les impedía cotizar, motivo por el que no reciben una pensión.
La defensa de los querellantes -212 marineros o familiares y Long Hope, la asociación que los representa- insistió en el juicio a primeros de abril que los marineros sufrieron diferencia de trato, porque a los noruegos embarcados en los mismos buques no se les exigió tener residencia.
La sentencia rechaza que se haya violado la Convención Europea de Derechos Humanos, la Constitución u otras reglas, resaltando que los afectados no tenían esperanza justificada de recibir pensión, ya que no estaban incluidos en las leyes sobre pensiones y no cotizaron. Aunque tanto marineros noruegos como españoles pagaron impuestos, su situación no es comparable porque existen «grandes diferencias». «El tribunal da especial importancia a que los marineros españoles (y sus patrones), al contrario que los marineros noruegos (y sus patrones), no han pagado cotizaciones al sistema nacional de pensiones ni al régimen especial para marineros», dice el fallo, que obliga a cada parte a abonar sus costas.
Los demandantes habían presentado documentos de los archivos nacionales de España y de Noruega que acreditan que tributaron allí, así como el convenio de doble imposición entre ambos países.
Con todo, los afectados aseguran tener «la moral más alta que nunca» y reiteran su voluntad de llevar el caso hasta el Tribunal de Estrasburgo.