Por mucho que no se trate más que de una confirmación oficial de algo que en realidad conocíamos desde hace tiempo, las cifras abruman. Según un reciente informe del Tribunal de Cuentas, al cierre del 2015 el total de las ayudas comprometidas con el sector financiero ascendía a 122.000 millones de euros. De esa cifra, el rescate propiamente dicho se habría elevado a 60.700 millones, de los que más de dos tercios corresponderían al Estado, en tanto que el resto (en torno a 19.000 millones) fueron dispuestos por la propia banca, a través del Fondo de Garantía de Depósitos. De manera que se puede concluir que el coste conocido en ese momento de las operaciones de salvamento bancario, realizadas sobre todo en el 2012, superó los 41.700 millones.
A pesar de que queden activos bancarios en manos públicas por liquidar -un porcentaje importante de las acciones de Bankia y BMN-, buena parte de esa cantidad se considera irrecuperable, por lo que la factura con cargo a las cuentas públicas se presenta como algo desmesurado, brutal, que ha contribuido decisivamente a que la deuda pública se colocara en las proximidades del 100 % del PIB. Algo que, por lo demás, choca con el tan reiterado anuncio del Gobierno de que el rescate bancario no costaría nada a los contribuyentes, y que no tendría consecuencias macroeconómicas. Es obvio que en cuanto al computo de déficit y deuda pública las ha tenido.
Ciertamente, el salvamento de las cajas y la reforma financiera eran imprescindibles en el 2012, ante la amenaza general de quiebra de nuestra economía. Pero un proceso de ese tipo, tan oneroso en el largo plazo, había que hacerlo de un modo incuestionablemente eficaz, pulcro y transparente. Pues bien, el Tribunal de Cuentas afirma ahora que en absoluto ha sido así, detectando una ausencia de estrategias claras, errores de procedimiento y opacidades en el rescate y la venta de algunas entidades, que, de haberse evitado, habría reducido apreciablemente su coste. No sale, por tanto, bien parado el FROB en este recuento, al igual que ocurría en informes anteriores con el Banco de España o el propio Gobierno, antes y después del 2012.
En cualquier caso, el documento del que hablamos es importante pues nos permite poner una cifra oficial al artefacto explosivo que detonó en nuestra cara en el 2008. Más de un 4 % del PIB anual español: ese es el coste que para los ciudadanos han tenido los desvaríos financieros de la fase de expansión. Es verdad que ese porcentaje es inferior al experimentado por la media de los países europeos; según un estudio reciente realizado por el anterior gobernador del Banco Central de Irlanda, Patrick Honohan, para el Perterson Institute, ese coste superó el 6 % en Bélgica y Austria; 10 % del PIB en el Reino Unido, Alemania, Holanda o Portugal; mientras que en los casos más extremos, Islandia e Irlanda, rondó el 40 %.
Este elemento de comparación con lo ocurrido en otros países es interesante, pues nos obliga a recordar que a pesar de las peculiaridades de la crisis española -tan asociada a la locura inmobiliaria-, hablamos de un fenómeno que afectó a todo el mundo desarrollado: las consecuencias letales de la euforia financiera y la extendida creencia en que no hay mejor regulación que la que no existe. Pero pésimo consuelo sería caer en el mal de muchos: para la economía y la sociedad española la reciente crisis bancaria dejará en todo caso un prolongado y duro legado.