Las compañías de ingeniería gallegas plantan cara judicial a la participación de empresas del Estado como Ineco o Tragsa en concursos públicos. Pretenden impugnar cualquier irregularidad
16 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Las empresas de ingeniería gallega salieron maltrechas de una grave crisis que prácticamente anuló la puesta en marcha de nuevos proyectos de infraestructuras. Pero no solo tuvieron que luchar contra una recesión de raíz global, sino también contra la competencia «desleal» de las grandes empresas públicas que compiten con ellas por proyectos de la Administración, principalmente Ineco y Tragsa. En estos casos, el Estado se convierte en juez y parte, encomendando proyectos que podrían recaer en la sociedad civil a sus propias empresas públicas, causando un daño evidente a las firmas de ingeniería de todo tamaño, que no pueden competir ante esta política de contratación discrecional, que a menudo adolece de una «falta de transparencia total», aducen.
El problema no solo está en las encomiendas públicas a estas empresas que eluden los concursos públicos, siempre y cuando estos entes realicen el 80 % de su actividad en el ámbito desde el que son controladas, en el caso de Ineco desde el Ministerio de Fomento y otros órganos públicos dependientes de él. También deben ejecutar de forma directa al menos el 50 % del proyecto encomendado. El problema también surge cuando estas empresas compiten en concursos públicos de otras Administraciones con las que no tienen convenio, especialmente en las autonómicas o las autoridades portuarias. Esto se da principalmente con Ineco, pues Tragsa suele tener convenios con todas las administraciones o entes autónomos. Ageinco, la asociación que agrupa a las ingenierías y consultoras gallegas, ya ha detectado algunos casos, como el contrato para la redacción del proyecto de construcción del vial que enlazará a la A-52 en Ourense con el polígono empresarial de San Cibrao das Viñas.
La secretaria general y abogada de la asociación, Marta Gallego, explica que los asociados han dado un golpe sobre la mesa para intentar fiscalizar cualquier intromisión irregular de estas empresas públicas en los procesos de adjudicación de proyectos. «Hemos contratado a un bufete experto en estos asuntos para impugnar cualquier contrato en el que estas empresas supongan una competencia desleal o ilegal», avisa. Para ello se plantean tres vías: la propiamente judicial del contencioso-administrativo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o las instituciones comunitarias análogas, donde ya presentaron en su momento una queja. Las consultoras gallegas, por tanto, recurren a la vía judicial o a los órganos especializados en competencia para defender sus intereses frente a estas grandes empresas, sobreprotegidas por el propio Estado que las creó.
El hartazgo de estas pymes consultoras, que dan empleo a unas 800 personas en Galicia, les llevó recientemente a reclamar recientemente la privatización de Ineco y Tragsa, cuestión que por el momento no está en la agenda política. Si no se llega a este punto, este colectivo solicita al menos que el sector público empresarial no abuse de las encomiendas de gestión y no compita con las pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación, causando un daño económico a nivel gallego que alcanza los 125 millones de euros, según el sector.
El problema es que después, tanto Ineco como Tragsa, subcontratan por medio de subastas el 20 % de las licitaciones «a unos precios muy bajos», precisa Marta Gallego, sin que se conozca el destino de ese ahorro, un proceso que definen como «compraventa de contratos públicos».
No solo se abusa de las encomiendas de gestión a Ineco y Tragsa, sino que estas empresas públicas también compiten en contratos
ilustración: maría pedreda