La evolución de la economía española a partir del 2021 nos ha dejado algunas novedades interesantes, comenzando por el hecho de haberse recuperado algunas de las principales variables macroeconómicas bastante por encima de lo esperado y mejorando, además, los datos registrados en el resto de Europa. No es poca cosa, conociendo sobre todo las pautas de comportamiento tradicionales de nuestra economía, tendente a sobrerreaccionar a la baja en las crisis. El crecimiento, el sector exterior o incluso el empleo —nuestra eterna cenicienta— fueron claros protagonistas de esa trayectoria positiva, de la que se han apartado, sin embargo, alguna otras variables, entre las que destaca la inversión.
Porque los esfuerzos inversores están todavía por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, siendo aquí adversa la comparación con el entorno europeo. ¿Qué lo explica? Lo fuertes shocks vividos por los mercados internacionales desde el 2020, las interrupciones de suministros, el nuevo proteccionismo pueden ofrecer alguna luz, pero el factor fundamental radica en la subida de los tipos de interés, que sin duda ha paralizado numerosos proyectos.
Pero el problema de la inversión en España va mucho más lejos de ese componente coyuntural. Echando la vista atrás, y contrastando la situación actual con la de hace dos décadas, sorprende ver que los datos de inversión están muy por debajo de los de entonces. En particular, la inversión pública se ha desmoronado: si su peso sobre el PIB era de un 3,8 % entre 1995 y el 2007 (estando por encima de la media europea), en el 2022 fue el 2,1 % (un punto por debajo de la media de la UE). Esa reducción tan intensa se explica principalmente por los brutales ajustes que siguieron a la crisis financiera. Y aunque es verdad que la calidad inversora ha mejorado bastante (piénsese que en el 2007 la construcción representaba el 68 % del total de la formación de capital y ahora es escasamente la mitad), parece que en este aspecto, como en algunos otros, seguimos viviendo todavía con algunas consecuencias de aquel tsunami destructor.
Volviendo al presente, la nula contribución de la inversión a la recuperación económica general en los últimos tres años resulta sorprendente por chocar frontalmente con el protagonismo otorgado a los macroprogramas de inversión en la política económica europea. Los grandes retrasos acumulados en la definición y puesta en marcha de esos programas es un factor clave para explicar la relativa atonía observable en el conjunto del continente. En el caso de España, la dotación asignada es de 163.000 millones de euros (una parte subvenciones y otra préstamos), de los cuales hasta el momento se estima que unos 25.000 millones habrían sido ya invertidos y estarían surtiendo efectos sobre la economía real.
¿Y el resto? Pues a no ser que se cambien las normativas —que pudiera ocurrir— la enorme cantidad restante ha de estar ejecutada antes de agosto del 2026. Eso quiere decir que en los dos próximos años una intensísima y acaso nunca vista dinámica de interacción entre los sectores público y privado ha de ser puesta en marcha para llevar a la práctica los más de 600.000 proyectos que, se dice, están ahora mismo incluidos en los protocolos de los 12 grandes PERTE aprobados. El reto es de primera magnitud, pues no se trata, desde luego, de tirar el dinero invirtiendo en la primera cosa que se nos ocurra, sino de asegurarnos una posición en el cambio productivo en marcha en todo el mundo. Quizá ahora sí ha llegado el momento de la inversión transformadora y a gran escala. No hacerlo sería suicida.