ESTA PREGUNTA hay que grabarla a fuego en la mente del político y del ciudadano. Porque en democracia es esencial saber cómo se financian o cómo deberían financiarse los servicios que prestan las administraciones públicas. Sin embargo, la pregunta está hoy desprestigiada por los gobiernos, partidos políticos y medios de comunicación. El ciudadano interesado conoce de manera razonable qué servicios prometen los gobiernos y partidos políticos en cada proceso electoral (porque se cuida su difusión y reiteración), pero desconoce cómo se reparten sus beneficios e ignora también quién lo va a pagar. Porque de esto último se habla poco y se confunde más. Presumiendo un desinterés general por la distribución de las cargas tributarias que estimamos erróneo. Ignorando también que la falta de transparencia es aquí caldo de cultivo para la picaresca, el abuso y la inequidad. Los instrumentos financieros que utilizan las administraciones son diversos y distribuyen la carga de forma distinta. Por un lado, están los impuestos (generales, sectoriales y locales), las tasas y los precios. Por otro, las subvenciones (condicionadas o no) y el endeudamiento; finalmente, los ingresos patrimoniales. Los impuestos generales suelen financiar servicios generales según indicadores de capacidad económica (renta, consumo, patrimonio). Los impuestos sectoriales y locales afectan sólo a un segmento de la población delimitado por un consumo específico (tabaco, alcohol, gasolina, etc.) o por el territorio. Las tasas, precios y contribuciones especiales gravan beneficios individualizados de escaso interés distributivo. Las subvenciones socializan costes y redistribuyen rentas, como también lo hace el endeudamiento entre las generaciones afectadas. Pero estos son sólo instrumentos al servicio del patrón distributivo que deciden los políticos. Y aquí no cabe la confusión. Los gobiernos están obligados a decidir y hacer explícito el patrón distributivo de las cargas fiscales. Y después a seleccionar los instrumentos que mejor se ajusten a esa decisión. Lo primero hay que justificarlo políticamente; lo segundo es sólo una cuestión técnica. Confundir ambas cosas es síntoma de atraso democrático. Porque el debate no es sobre instrumentos, sino sobre patrones distributivos diferenciados. ¿Quién debe pagar la defensa, las infraestructuras, la educación, la sanidad, la recogida de basuras, el uso de la piscina municipal o el agua de las duchas de playa? Son cuestiones esenciales que exigen explicación política y sensibilidad ciudadana. Apelando a criterios de eficiencia y de equidad. Utilizando el voto informado y responsable para aplaudir o sancionar. Como en los países civilizados.