EL SECTOR audiovisual español se encuentra cada vez más sumido en el desconcierto. La falta de unas perspectivas claras en la política del Gobierno impide que las empresas puedan planificar sus inversiones. Las televisiones analógicas nacionales no saben si van a tener uno o tres competidores más. El Gobierno anunció la posibilidad de dos nuevos canales analógicos, mientras un equipo de expertos contratados al respecto dice que sólo se garantiza uno. Las televisiones digitales no saben si podrán comenzar sus emisiones con audiencia que les capte. Las productoras audiovisuales están que no viven, pendientes de una clarificación definitiva. El retraso que ha provocado en la concesión de televisiones locales impide también la definitiva regulación de este sector. Mientras tanto, han sido detenidos directivos de una televisión local madrileña y de otra gallega. Por su parte el Consejo del Audiovisual de Navarra alertó hace unos días de la presencia de varias televisiones cuya programación tiene como único fin que los espectadores participen en sus espacios a través de teléfonos con números de tarificación adicional con el objeto de tenerlos durante unos 30 minutos en línea. Convierten así la televisión digital en un negocio telefónico. Unos partidos quieren que los ayuntamientos puedan tener dos televisiones locales, otros quieren que quede como está en la ley, con una sola. El actual Gobierno socialista, después de anunciar solemnemente la intención inamovible de ordenar definitivamente le sector audiovisual, presentó un proyecto de Ley que tiene aspecto de mal remiendo. Pero al hablar del sector audiovisual puede asegurarse con certeza que todo remiendo es malo. Estamos ante una realidad que necesita un traje nuevo, hecho a medida, bien proporcionado, con suficiente elasticidad. Sin embargo, nos encontramos con que el Gobierno ha mandado al Parlamento un proyecto de Ley del que su mismo nombre produce inquietud: Proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. El trámite de este proyecto en el Parlamente está siendo lento y farragoso. No existe consenso, los grupos políticos están presentando cada vez mas enmiendas. La Mesa de la Cámara ha tenido que ampliar cuatro veces el plazo de presentación de propuestas de los partidos. Casi todos consideran que no promueve el pluralismo, que no se solucionan los problemas de fondo y que se trata de un parche. A su vez, el Gobierno insiste en que enviará al Parlamento antes del verano el proyecto de Ley General del Audiovisual. Es decir, llegará cuando se apruebe esta de medidas urgentes, cuya tramitación puede comenzar en abril, con un poco de suerte. El sector audiovisual español necesita urgentemente un ordenamiento racional, integral, completo. Necesita un compendio de los cientos de artículos que le afectan a lo largo de decenas de normas legales distintas. Necesita de todo menos los remiendos, el caos y el desbarajuste actual.