La condición necesaria para entender la naturaleza de una huelga general en países con capitalismo avanzado es comprender razonablemente la relevancia que tienen las contradicciones sociales generadas en el proceso productivo de la economía. Estas contradicciones están implícitas en la cuenta de explotación de las empresas. En efecto, si a los ingresos generados por las ventas del ejercicio le restamos las compras de los inputs utilizados en los productos fabricados, obtendremos el valor añadido o rentas asociadas a la producción (beneficios, salarios, intereses, alquileres, impuestos). Pues bien, la experiencia y la investigación reiteran que el reparto de estas rentas nunca fue pacífico, destacando en la distribución citada tres contradicciones o antagonismos importantes.
La primera y principal contradicción se motiva por la distribución entre los salarios y los beneficios empresariales. Esta contradicción se limitó después de la Segunda Guerra Mundial con regulaciones y pactos (convenios), facilitando así la productividad y la paz social. Además, los Gobiernos respectivos ayudaron a las empresas con incentivos diversos y a los trabajadores con rentas adicionales mediante el gasto público (pensiones, sanidad, educación, servicios sociales). El Estado de bienestar expresa con nitidez el resultado de estos acuerdos a tres bandas en el espacio europeo, alcanzando así niveles de desarrollo y de redistribución realmente notables.
La segunda contradicción procede de la globalización económica y de la hegemonía del pensamiento neoliberal. Esta contradicción es de origen tributario y se fundamenta en el tratamiento desigual que reciben las rentas y ganancias de capital con respecto a las rentas del trabajo. Su justificación técnica es de nuevo la eficiencia. Finalmente, estaría la contradicción última, también de naturaleza tributaria, ligada al fraude y a los paraísos fiscales, así como a sus consecuencias graves en el sostenimiento del Estado de bienestar. Si las grandes empresas multinacionales explican gran parte de la riqueza acumulada, los paraísos fiscales completan la operación. Es imposible financiar el bienestar social con salarios a la baja y con impuestos incapaces de gravar al capital.
La huelga del 29-M se justifica básicamente por la ruptura de equilibrios establecidos en las relaciones laborales que afectan a la distribución del excedente empresarial. Estamos ante un problema objetivo que castiga con dureza al trabajador. Las huelgas que vienen se motivarán por los destrozos objetivos del bienestar social, ligados al fraude tributario y a sus dolorosas consecuencias sobre los trabajadores y generaciones futuras.