Una tímida reforma de la Administración local quiere borrar del mapa muchos de los elementos típicos de un pasado que ya había quedado obsoleto. Se cuestionan los municipios tal como los entendíamos, las mancomunidades deficitarias, los consorcios como entes locales, así como la versión de las áreas metropolitanas y de las comarcas como entes administrativos. Solo faltaba para desmontar la estructura la supresión de las diputaciones, pero a esto no solo no se han atrevido, sino que se inventa un nuevo modelo de difícil implantación, con el fin de reforzar lo que antes debería ser desmontado. Tampoco se acomete con la energía debida una fusión controlada de municipios, máxime cuando la mitad de los que hay en España no llegan a los mil habitantes. Nuestra reforma se plantea de modo muy distinto a como se ha hecho en el resto de los países europeos. Por eso, si no se da el paso que ahora no se han atrevido a dar y, lo que es más importante, no se sustituye el modelo anterior por otro más adaptado a las nuevas realidades territoriales, otro será quien tome la iniciativa.
Lo mismo cabe decir del estado actual de los Gobiernos autonómicos, sumidos en la continuidad del despilfarro, y solicitando aportaciones y rescates que no son más que un aplazamiento de su quiebra. El Gobierno es ahora incapaz de garantizar el cumplimiento del déficit público, a pesar de la tremenda política de recortes sociales y laborales. El camino emprendido es el equivocado, porque lo único que consigue con esas medidas es, como todos sabemos, acentuar el paro y retraer el consumo o, lo que es lo mismo, menos ingresos y más gasto público. Todo con tal de salvar a los defraudadores de capitales y a los poseedores de grandes fortunas, y con ellos a esa cifra que ya circula por todas partes de los 445.000 políticos a los que hay que sumar asesores, organismos y empresas públicas prescindibles. Todos los españoles lo pensamos, pero el Gobierno parece no enterarse, al igual que antes ocurrió con las cajas de ahorros y que, por eso mismo, nos metieron en un ruinoso rescate. Por eso la intervención del país la vemos cada vez más cerca, quizás para hoy mismo. Otros vendrán para hacer lo que el Gobierno no se ha atrevido a hacer a tiempo. El adelgazamiento del aparato político es urgente y el desmantelamiento parcial de las comunidades autónomas también, porque su incapacidad de funcionar con una reducción del gasto y de cumplir los objetivos del déficit son evidentes.
Como demostración ahí tenemos el actual acoso preparatorio de la intervención. Ayer fue el rescate de las cajas de ahorros y hoy el de alguna comunidad autónoma, afectadas ambas por el mismo principio destructor: la carcoma de una clase política excedentaria, despilfarradora e ineficiente. Las encuestas hace años que lo están avisando, pero los afectados deben de preferir mirar para otro lado.