L a política económica de Mariano Rajoy tiene dimensión unidireccional. Se concentra básicamente en luchar contra el déficit y el endeudamiento público, poniendo siempre como excusa la herencia recibida. Una herencia que acumula errores e irresponsabilidades diversas, pero que no justifica ya el roto y el descosido vigente. Porque los déficits permanecen, la deuda y sus costes se agigantan, gran parte del sistema financiero es una desgracia, crece el desempleo y los ERE no pactados, aumenta el miedo y la perturbación ciudadana. Pero si a todo ello le añadimos que el presidente del Gobierno de España no sabe ni contesta, porque no explica ni convoca ni está; que la aprobación del pacto fiscal en Cataluña rompe la solidaridad territorial y daña la Constitución y que el discurso político actual, fragmentado y contradictorio, ignora o es indiferente a sus consecuencias y efectos futuros, la conclusión no es precisamente bondadosa ni optimista.
¿Cuán largo es el túnel que atravesamos? ¿Cómo será la sociedad española y gallega después de todo este proceso? La respuesta al interrogante primero es ya de general conocimiento. Si la economía agoniza y se pretende corregir el déficit público con menos gasto y más impuestos, aparece siempre un círculo vicioso que dura hasta nuestra extenuación. Porque reducir gasto público es mermar el consumo, la inversión o ambas cosas a la vez. Y así las Administraciones tienen menores ingresos por impuestos que gravan el consumo, la renta, los beneficios y la actividad económica, generando a su vez más déficit. Pero a mayor déficit más recortes y más impuestos? y así sucesivamente. Si la disciplina fiscal no se concilia con políticas e incentivos que impulsen el crecimiento económico, el fracaso es inevitable.
Responder la segunda pregunta es ya más complejo. Podemos aproximarnos a ella observando qué variables se fortalecen con la crisis y qué respuestas sociales se generan al respecto. Por ejemplo, gana el poder económico (más concentración de rentas y patrimonios), que a su vez exige represión, control político y globalización (para acumular beneficios, defraudar impuestos y legitimar la desigualdad). Pero pierde el Estado de bienestar cuando se privatiza la gestión pública, cuando se reduce la dimensión del Estado y cuando se le acusa de ser insostenible. Pierde la descentralización política (Estado de las autonomías), al que se le culpa de todas las desgracias: despilfarro, corrupción, insostenibilidad, caciquismo, provocador de nacionalismos perversos, etcétera. Pierden los salarios, los ancianos y los niños y los enfermos. La respuesta democrática es todavía difusa. Aunque gran parte de la población es cada vez más consciente de lo que se juega en estos momentos tan singulares de nuestra existencia.