¿Tienen sentido las diputaciones provinciales? La pregunta es recurrente y de originalidad reducida, lo sabemos, pero las respuestas escuchadas tampoco lucen por su rigor, serenidad o utilidad social. En todo caso, la reflexión es necesaria y por eso ofrecemos algunas ideas y argumentos.
Una crítica relevante la proporciona el análisis de su naturaleza y funcionalidad desde su origen (primer tercio del siglo XIX) hasta la actualidad. La quiebra del Antiguo Régimen y la construcción de un Estado liberal articulado en municipios y provincias convirtió a la diputación provincial en instrumento útil de un Estado centralizado, además de estar obligada a asistir y ayudar a los municipios. La arquitectura institucional se fundamentaba así en Gobierno central, diputaciones provinciales y ayuntamientos hasta la Constitución de 1978 (no se consideran los cambios fallidos de la II República), que diseñó un Estado descentralizado. Nacía así una tensión objetiva entre diputaciones provinciales y comunidades autónomas, aspecto que ya fuera mencionado por Ortega y Gasset en 1931 (La redención de las provincias) cuando defendía con pasión las ventajas de la llamada por él unidad política local.
Esa unidad política local no era para Ortega ni el municipio ni la diputación provincial, sino la gran comarca o región, equivalente hoy a comunidad autónoma, para afrontar junto con otras entidades los problemas sustantivos del ciudadano (producción, empleo, desarrollo territorial, etcétera.), mejorando además su cultura y nivel político. O, dicho en versión actualizada, las diputaciones de Ourense y Lugo no resolverán los problemas básicos de los ciudadanos residentes en municipios inferiores a 5.000 habitantes -pese a ocupar los mismos el 90 % y el 70 % del respectivo territorio provincial- por la existencia de factores objetivos: población menguante, envejecida, dispersa y dependiente del sector público. Las diputaciones actuales no están pensadas para activar la economía y el empleo, ni para desarrollar ventajas comparativas. Pero si la juventud emigra y la población envejece, el municipio tiene fecha de caducidad. Por eso el futuro de la Galicia interior descansa en proyectos políticos y económicos que diseñe y ejecute el Gobierno gallego, junto con otras Administraciones, organizaciones sociales y empresas privadas.
Las diputaciones provinciales tienen además una financiación antigua. Su diseño es ineficiente, paternalista, irresponsable. Incentiva el agravio y propicia la opacidad y la descoordinación. Sustituir las diputaciones por una consellería de Administración Local podría ser un avance sustantivo en términos de racionalidad, economía, progreso y transparencia.