Las reformas que se pretenden realizar en la Administración local, esbozadas en un borrador del anteproyecto de ley, incorporan dudas e interrogantes que interesa precisar. Su objetivo es, en principio, incuestionable: hay que racionalizar la estructura administrativa, precisar competencias, evitar duplicaciones y generar así un ahorro estimado superior a 7.100 millones de euros. Desconocemos la prioridad del proceso (ahorrar o racionalizar), pero la intuimos.
En lo que atañe a precisar servicios mínimos con financiación adecuada que deben prestar los municipios, eliminando duplicidades con las comunidades autónomas y el Estado, así como evitar competencias impropias (compartidas con otras Administraciones, amparadas por la ley, pero con límites difusos), el borrador mencionado es tajante. Cada competencia debe tener su Administración responsable, otorgando un plazo para su reversión, aunque se mantenga la colaboración institucional (vía delegación o convenio), ajustando la financiación y reforzando el control. Naturalmente esto es positivo, como también lo es potenciar la independencia de la Intervención, regular las retribuciones de alcaldes y concejales así como obligar a las mancomunidades y entidades locales menores a rendir cuentas para garantizar su existencia.
Los problemas aparecen cuando se recurre a las economías de escala para justificar la eliminación de competencias propias en los municipios menores de 20.000 habitantes (en Galicia suponen el 93 % del total) mediante el contraste de un coste estándar por servicio, calculado por el Estado según tramos de población, con el coste real de los mismos en cada municipio. Las consecuencias son demoledoras. Si el coste real del servicio afecta a una competencia impropia y es superior al coste estándar, se suprime. Y si el coste real de un servicio propio o mínimo supera al coste estándar, se transfiere a la Diputación respectiva, lo que supone reducir competencias, ingresos, personal y demás activos ligados. Pero ¿son correctas estas decisiones? ¿Qué variables y ponderaciones fijan el cálculo de los costes estándar en los distintos tramos de población? ¿Qué economías de escala pueden obtener las diputaciones en municipios de población reducida y dispersa (en recogida de basuras, alumbrado, viales, etcétera)? ¿Se logrará así el ahorro estimado de 6.000 millones de euros en todos los municipios españoles? ¿Cómo serán los municipios gallegos en un futuro próximo si la reforma se ejecuta sin dilación ni garantías suficientes? Tendrá que explicarlo el señor Montoro. Pero racionalizar la Administración local gallega potenciando las diputaciones, debilitando los municipios e ignorando las quiebras del mapa municipal vigente, es un error lamentable difícil de soportar.