A firmar que el poder local es el más cercano al pueblo constituye ya un lugar común. Los alcaldes y concejales se ocupan de cuestiones que afectan directamente a nuestra vida cotidiana (el tráfico, la limpieza, el alumbrado, las pequeñas obras públicas o algunos servicios sociales esenciales), son el primer escalón en la relación de los ciudadanos con las instituciones y tienen, por ambas razones, una importancia política y social absolutamente primordial. Tan primordial, que lo que hoy está sucediendo en la mayoría de los ayuntamientos de eso que hemos dado en llamar, no sin un punto de exageración, las siete grandes ciudades de Galicia pone sencillamente los pelos como escarpias.
¿Qué puede pensar un vecino que tiene que pagar un recargo municipal por retrasarse en el abono del IBI si aquel viene firmado por un alcalde que durante años ha pagado el correspondiente a su vivienda como si se tratase de un solar? ¿Qué sentirán los miles de afectados por multas de tráfico impuestas por la policía local al conocer la noticia de que hay ayuntamientos donde existe un tráfico formidable de influencias con las multas? ¿Cómo asumir que abonamos tasas y contribuciones especiales que luego hay alcaldes que cargan a los presupuestos públicos, cuando son ellos los que deben sufragarlas? ¿Puede sentir respeto un ciudadano por un ayuntamiento donde la mitad de la corporación local está imputada penalmente? ¿Cómo no sentir una ira incontenible al comprobar que un número considerable de los que deberían ser nuestros más cercanos servidores públicos están bajo sospecha por servirse de sus cargos con fines particulares o por beneficiar a sus amigos personales o a sus compañeros de partido?
Respetando desde luego la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo el mundo y aceptando incluso que algunas de las cosas que vamos viendo en las instrucciones abiertas sobre presuntos escándalos locales dan mucho que pensar sobre la rigurosidad con la que algunos jueces realizan su trabajo, lo cierto es que el bochornoso espectáculo de varios de los más importantes ayuntamientos de Galicia resulta devastador para la credibilidad de las instituciones, de quienes las sirven y de los partidos que cada cuatro años nos proponen candidatos.
Estos partidos debieran estar, por tal razón, muy preocupados, tanto al menos como lo estamos la mayoría de los habitantes de Galicia. La realidad es muy otra, sin embargo: que quienes tienen la responsabilidad de acabar con esta escandalera están pendientes sobre todo de ver cómo sacarse de encima sus propias responsabilidades y de cómo obtener tajada política de las que afectan a sus competidores. Los problemas de corrupción se convierten, así, en un mero ámbito más para la pelea electoral. Lo sabe todo el mundo: ellos también.