A medida que va acercándose la fecha de la próxima Diada (11 de septiembre) y que, con tal motivo, se incrementa sin cesar el pulso verbal del secesionismo catalán, mucha gente me pregunta qué pasará finalmente en Cataluña. Mi respuesta -que el referendo no va a celebrarse en ningún caso-, no satisface, sin embargo, a quienes desean saber cómo pueden desarrollarse los acontecimientos en los tres próximos meses. En tal sentido, y aceptado que los soberanistas no van a dar marcha atrás sin plantar antes batalla a cara de perro, creo que cabe prever varios escenarios, sucesivos y de creciente gravedad.
Todo comenzaría con la aprobación por el Parlamento catalán de una ley de consultas no referendarias que, adoptada con el fin de dar una aparente (y falsa) cobertura legal a la consulta, sería muy probablemente impugnada por el Gobierno y suspendida en ese caso, con toda seguridad, por el Tribunal Constitucional. Lo lógico en un Estado de Derecho, donde todos los poderes públicos actúan dentro del círculo de sus atribuciones constitucionales, sería que ahí terminase el conflicto surgido entre el Estado y el nacionalismo catalán con motivo del referendo de autodeterminación.
Es posible, e incluso muy probable, sin embargo, que aprobada la ley, la Generalitat haga lo que le exigieron este miércoles todos los partidos soberanistas catalanes: violar abiertamente las resoluciones del Constitucional, y, basándose en una ley suspendida por quien tiene la potestad para adoptar esa decisión, proceder a convocar el referendo. En ese caso, el Gobierno impugnaría el decreto de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional y este lo anularía sin ningún género de dudas.
Tras ello solo cabrían ya dos posibilidades: que la Generalitat renunciase a la consulta; o que, en un acto de clara sedición, optase por seguir adelante, caso en el cual su intolerable desafío podría acabar desembocando inevitablemente en la aplicación, primero, del artículo 116 de la Constitución (que prevé la adopción de medidas para obligar a una comunidad a cumplir las obligaciones que le imponen la Constitución o las leyes), y, en su caso, del Código Penal.
La situación en que hoy se encuentra el secesionismo catalán es, por tanto, la misma que angustiaba al que fuera hace años presidente de la Sociedad Deportiva Compostela, quien, por las cuitas de su club, declaró hallarse «entre la espalda y la pared». También el secesionismo y su cabeza, la Generalitat, ha de optar entre dar o no la espalda a la Constitución, enfrentándose en el primero de los casos a la pared de la propia Constitución y el Código Penal. Si este -el del suicidio-, fuera su camino, no podrán ya echar la culpa a nadie: solo a su mala cabeza, a su deslealtad y a su falta absoluta de responsabilidad para con Cataluña y el resto del país.