Galimatías jurídico y político

Arturo Maneiro
Arturo Maneiro EL VENTANAL

OPINIÓN

21 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Las decisiones judiciales sobre las actuaciones de los políticos, plasmadas en imputaciones, investigaciones, autos judiciales, reparto de casos o conflictos de jurisdicción, unido a la reacción de los partidos, están provocando un estado de verdadero galimatías.

Los jueces tienen que decidir en algún momento si ir a macrojuicios, si deben ir resolviendo cada nueva implicación que aparece sin mezclarlo con lo demás, si se impone acelerar los juicios, si deben repartirse más los casos, si es lógico estar meses y meses sin decidir sobre culpabilidad o inocencia de personas con responsabilidad administrativa o política. Son cuestiones que se ponen con frecuencia sobre la mesa, incluso por parte de los más altos responsables de los tribunales. También me atrevería a preguntarles si debería estudiarse la posibilidad de que el político pudiera actuar contra los excesos de los jueces.

Pero se puede asegurar que la mayor confusión o galimatías se produce por la reacción de los políticos. La utilización de las decisiones judiciales como arma política contra el adversario es el mayor problema en estos procesos. El sentido común -y creo que la experiencia también- indica que se debería esperar a una sentencia firme para tomar decisiones políticas ante informes policiales o procesos judiciales.

Tan pronto alguien es señalado por los investigadores o llamado por un juez se convierte en objetivo de escarnio político, sea o no culpable, sea verdadera o falsa la acusación. Se acepta inmediatamente la culpabilidad de cualquier político. Cualquier sospecha o acusación se convierte inmediatamente en certeza de delito. Unas veces promovido todo ello por el adversario externo y otras, por el interno que es el más peligroso.

A partir de aquí, los políticos -y sindicalistas- empiezan a establecer principios: cualquier imputado por un juez debe ser apartado de su cargo, debe dejar su escaño. Ningún imputado debe ir en las listas electorales. Todos deben ser apartados cautelarmente de su puesto. Sin embargo, acaban dándose cuenta de que esto no puede ser un criterio universal ni automático, que los casos tienen matizaciones, especialmente cuando son de sus propias filas. Comienzan las preguntas sobre cuándo y en qué circunstancias un político debe dejar su cargo, su escaño o su carrera política. Se empieza a crear confusión entre los casos de apropiación indebida, de fraude fiscal, de prevaricación, de ética o estética política, de justificación o no de gastos. Se considera de la misma gravedad una recomendación para una persona en paro que una falsificación documental.

En definitiva: un galimatías que los políticos y los jueces deberían aclarar.