La Comisión Juncker retiró, el pasado mes de diciembre, un número relevante de proposiciones legislativas en materia ambiental o social, elaboradas por la comisión previa. Dos de las propuestas retiradas han llamado especialmente la atención. La primera se refiere a la economía circular. Se pretendían aumentar los porcentajes de recogida y reciclaje para una amplia gama de residuos. Esta podría generar beneficios no solo ambientales, sino también económicos, como la reducción de los recursos naturales importados o una balanza comercial más favorable para la Unión Europea. En datos de esta comisión esta propuesta podría crear 180.000 empleos. La segunda propuesta se refería a la lucha contra la contaminación atmosférica. Se trataba de afrontar con determinación las emisiones industriales. Esta decisión de retirada es especialmente relevante para la protección de la salud. Todos los años 400.000 personas mueren prematuramente por esta contaminación.
Esta comisión ha estimado que los costes totales de los impactos sanitarios se sitúan entre 330.000 y 940.000 millones euros. Estas medidas han despertado la ira de los eurodiputados y de ciertos países miembros. Ante las críticas, la comisión ha cambiado su posición. Ha hecho saber al Parlamento que, a finales de 2015, presentará nuevas propuestas más ambiciosas. Esto ha generado perplejidad en la medida en que las propuestas citadas eran conocidas precisamente por su carácter ambicioso. La Comisión Juncker ha retirado estas propuestas en el nombre de las actuales políticas orientadas a «legislar mejor» (better regulation) y a eliminar los «obstáculos administrativos innecesarios» a las libertades económicas. Entiende que no se debe reglamentar en sectores críticos donde hay diferencias entre ciertos Estados, o que es preciso centrarse en aquellas cuestiones que, a su juicio, son «realmente importantes».
No se puede olvidar que el Tratado de Lisboa (2009) establece que las libertades económicas deben integrar el objetivo del desarrollo sostenible, así como que la UE debe alcanzar un «nivel elevado de protección de la salud, del medio ambiente y de los consumidores». Las medidas de better regulation, adoptadas en buena medida para contentar a los euroescépticos, no puede ignorar las exigencias del citado tratado.
La retirada de estos textos por la Comisión Juncker puede debilitar el liderazgo internacional de la Unión Europea en materia ambiental. Este planteamiento tampoco ofrece buenas expectativas sobre la importancia que la comisión dará a las cuestiones ambientales y sanitarias en las relevantes negociaciones en curso sobre el Tratado Trasatlántico con Estados Unidos.
Además, desde la perspectiva española este enfoque político es especialmente preocupante. La protección ambiental lleva años cediendo terreno, paso a paso, ante las intensas políticas de liberalización económica.
Hasta ahora el derecho comunitario se presentaba como un límite infranqueable a estos procesos de regresión ambiental. Si se mantiene este nuevo rumbo político, podrían abrirse las compuertas comunitarias a la definitiva expansión de políticas regresivas, además de convertirse en papel mojado el objetivo de promover un crecimiento «inteligente, sostenible e integrador», marcado por la Estrategia de desarrollo socioeconómico de la UE en el año 2010.
Nicolas de Sadeleer es profesor de Legislación Medioambiental en la Universidad Saint Louis de Bruselas
J. José Pernas García es profesor de Derecho Administrativo de la UDC