Parece que se alivia un poco la situación de Rodrigo Rato. Por lo menos, ya no está ante el riesgo de quedarse sin un euro, ni empeñado para toda su vida, ni destinado a que un euro que gane le sea embargado por las deudas. La Audiencia Nacional ha rebajado a Bankia la fianza de 800 millones que había tenido que depositar y la deja en 34 millones, que para una entidad bancaria es una pequeña propina. Y el señor Rato, a quien le correspondía pagar 133 millones -y Goirigolzarri le empezaba a reclamar por vía judicial-, ya solo tiene que depositar 5,6 millones. Tanto Bankia como Rato y otros administradores de la entidad han tenido días peores. No todas las mañanas te despiertas con la perdonanza de 128 millones de euros. Que abra una botella de champán.
Expresada esta felicitación, abramos un pequeño capítulo para el asombro. Yo supongo que la fianza de 800 kilos que había puesto el juez Andreu era una fianza razonada. Supongo que tenía base jurídica y económica. De hecho, todos nos asombramos del volumen de la cantidad, pero no recuerdo protestas por el montante ni críticas serias por lo abultado. Algunos nos callamos porque no sabemos hablar de esas cosas o porque no entendemos lo que hay más allá de un millón de euros. Y los que entienden se callaron también, seguramente porque la fianza venía avalada en su credibilidad por el acreditado rigor del juez Andreu.
Pues bien: desde esa incapacidad técnica y desde el mismo desconocimiento de cuánto pesa y vale un millón de euros, hoy es preceptivo expresar alguna sorpresa por el sobresaliente, asombroso, descomunal descuento decidido por la Audiencia Nacional. No es que haga una reducción o una rebaja; es que deja la dichosa fianza en menos de un cinco por ciento de su importe. Es tal la diferencia, que no veo por ninguna parte nada que se aproxime a la proporcionalidad. Es tal la distancia, que queda claro que en este país hay que recurrirlo todo: las decisiones administrativas y las judiciales. Si te sale bien y el recurso prospera, te tocó la lotería: el regalo puede multiplicar por diez el importe de un buen bote acumulado del juego de euromillones.
No sé si los jueces ven las cosas así, pero los criterios del magistrado Andreu han sufrido un varapalo. Para gran parte de los ciudadanos, algo incomprensible. Para quien examine la diferencia desde la lejanía, algo situado entre la extrema libertad para decidir responsabilidades civiles y la ausencia de garantías jurídicas. Y para quien quiera hacer un poco de demagogia, un argumento para repetir que en los litigios siempre gana el poderoso, político o financiero, y pierde el modesto ahorrador que arriesgó su dinero. ¿Con cuál de estas opciones se queda usted?