Quizá este comentario sea innecesario, como tantos otros recogidos en este Codex, pero dejar pasar una fecha de tan hondo significado sin comentar la efeméride no parece adecuado. De acuerdo con el argumentario del Partido Popular, a partir de este día primero de julio, la ley de seguridad ciudadana nos convertirá en ciudadanos más libres: «Las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos», aseguran los populares. Lamentablemente también aparta a los jueces de determinar la falta y le otorga la capacidad punitiva por incumplir las disposiciones de esta ley de seguridad ciudadana a las autoridades administrativas del Ministerio del Interior, y ello con el objetivo de que la ciudadanía no pueda expresar de forma pacifica su derecho de reunión y manifestación, pues la ley tiene tal ambigüedad interpretativa que generará un sinfín de resoluciones arbitrarias que solo podrán ser recurridas en la vía administrativa o contencioso administrativa, con todos los perjuicios para los ciudadanos que de ello se derivan.
Un mal análisis de la realidad de la ciudadanía española llevó al actual Gobierno a aprobar esta ley sin ningún consenso con las otras fuerzas parlamentarias. Las movilizaciones de protesta que se sucedieron entre el 2011 y el 2013, bien por desahucios o por decretos-leyes abusivos, derivadas de movimientos ciudadanos surgidos en torno al movimiento 15 de mayo, llevaron al Gobierno de Rajoy a aprobar en solitario esta ley de seguridad ciudadana, bautizada por la oposición como ley mordaza, para poner límite a la protesta. Sucede que los ciudadanos también comprendieron que su protesta más viva y activa, además de con su libertad de expresión y reunión, la ejercían con su voto, y por ello desde las europeas hasta las municipales y autonómicas le han ido infringiendo sucesivas derrotas, y digo bien en un sistema parlamentario de representación proporcional, al poder absoluto que sin negociaciones ni consenso ejerció el Partido Popular con la mayoría absoluta otorgada en el 2011. Y a los votos, por más amagos que se hagan de alterar -otra vez sin consenso- la norma electoral, es difícil ponerles límites en el siglo XXI. De ejemplo, Castilla-La Mancha y la reforma electoral en solitario de Cospedal.
Empecinado en las soledades propias, este Gobierno no sorprende al aprobar la ley de seguridad ciudadana y el nuevo código penal sin contar con ninguna otra fuerza parlamentaria. Pareciera que en la soledad está la verdad. Que la primera haya sido recurrida en el Tribunal Constitucional, protestada en la ONU y la UE, y editorializada en el New York Times como un revival de la época franquista, quizá se deba a la radicalidad de la que acusan a los socialistas. Y que el nuevo Código Penal, que introduce la cadena perpetua bajo el eufemismo de prisión permanente revisable (PPR), haya alcanzado la unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias, incluidos el PNV, Unió, y Convergencia, para ser recurrida por inconstitucional, extiende tal radicalidad predicada a todo aquello que se distancie del imaginario FAES. Olvidándose de que los avances en estos años de integración europea y Constitución han sido fruto de negociaciones y consensos entre los diferentes, no fruto de arrebatadas soledades.