Los gobiernos locales se caracterizan por canalizar las demandas ciudadanas y por coordinar con los demás actores del desarrollo los mecanismos más idóneos para tratar de alcanzar el máximo nivel de su satisfacción. Disponen de reglas muy claras y de potentes incentivos para fomentar la cooperación y la confianza entre los ciudadanos y los actores que, en algunos casos, poseen preferencias e intereses divergentes respecto de determinados fines colectivos.
Hay limitaciones en el campo de la gobernabilidad. Hemos transitado por el fordismo, el posindustrialismo y la globalización neoliberal, que han ido transformando los ámbitos y dimensiones tanto a nivel de la relación entre los Estados y los territorios como las propias claves del desarrollo urbano.
Los cambios en los paradigmas de la gobernabilidad de las ciudades y de los territorios se han manifestado de manera muy visible. Podemos citar, a modo de ejemplo, las variaciones en el campo de la oferta de servicios y sus ámbitos de cobertura por parte de las organizaciones y de la burocracia pública. Es decir, se han ido abandonando las condiciones de monopolio institucional y se ha ido apostando por esquemas más abiertos, diversificados y fundamentados en procesos de liberalización, con áreas privatizadas y desmonopolizadas. Asimismo, las transformaciones vinculadas a la soberanía de los países y territorios, junto a la mayor interdependencia entre grandes ciudades y regiones metropolitanas, han contribuido a modificar las tradicionales funciones y competencias que poseían los gobiernos locales.
Ahora, después de las últimas elecciones municipales del mes de mayo, las relaciones y las formas de gobernabilidad en lo que respecta a la operativa y a la ejecución de las políticas locales van a estar jalonadas por nuevos elementos, aún sin definir explícitamente, pero de los que es posible vislumbrar un nuevo panorama.
Aun a riesgo de equivocarme, podemos escudriñar varios elementos claves. En primer término, una nueva determinación de jerarquías en el campo de las políticas y en las agendas públicas. Esto significa que las acciones de integración social y las funciones vinculadas con los objetivos de equidad van a estar por encima de los objetivos relacionados con la competitividad. En segundo lugar, se aplicarán criterios de gobernabilidad basados en el ejercicio de los derechos y en las demandas de los ciudadanos, que se superpondrán a las actuaciones relacionadas con los riesgos derivados de la inseguridad y la violencia urbana. En tercer lugar, pasan a primer término la puesta en práctica de los fundamentos del desarrollo sostenible y los problemas de la calidad de vida, frente a la gestión territorial basada en el despegue industrial y la concentración en centros de decisión político-administrativo. Y finalmente, las nuevas ciudades albergarán las nuevas corrientes migratorias, integrando más ciudadanos, sin que tengan que ser de territorios próximos.
La gobernabilidad en los tiempos actuales también está cambiando en lo que atañe a las prácticas de los gobiernos locales. Algunos lo quieren ver en un doble plano: perspectiva moral frente a perspectiva conflictual,; como si fuera una lucha por el predominio o la hegemonía de una visión. Por eso, es fácil oír y leer en estos días discursos que obedecen a la admisión de roles debilitados o subordinados respecto a la asunción de competencias o de estrategias de futuro.
A mi juicio, la dimensión de las políticas públicas a cargo de los gobiernos locales debe abordar no solo la deliberación continua, la sociabilidad y las interacciones de los diversos ámbitos existentes en la urbe entre los diferentes agentes. En este sentido, sus escenarios deben abarcar actuaciones próximas a los ciudadanos, como los retos de la cotidianidad; las demandas específicas como hábitat, vivienda, calidad, cobertura y distribución espacial de los servicios públicos; así como educación, sanidad, dimensión de las industrias culturales, ocio, vida nocturna, etcétera. Pero, también, las ciudades son fuerzas centrípetas que poseen una enorme capacidad para ejercer otras funciones como las de atraer recursos y capitales; al igual que afrontar una movilización para ser referente en entornos estratégicos más amplios y de futuro.
Por eso, hemos abandonado lo que Boltanski & Chiapello denominaban el capitalismo por proyectos y estamos empezando a definir las nuevas agendas de las políticas locales.