Un importante responsable político norteamericano sostenía estos días: «La decisión de continuar siendo parte de la Unión Europea obviamente está en manos del pueblo británico y sus representantes electos. Pero intereses adicionales a los británicos y europeos se verán afectados por el resultado, por lo que es tanto legítimo como apropiado que otras partes intervengan». Entre esos intereses, señalaba el riesgo de que Escocia vuelva a plantear su independencia para así incorporarse a la Unión Europea, el riesgo de que Alemania amplíe su ya gran influencia en la UE o que los Estados Unidos pierdan un canal privilegiado para trasladar sus intereses a Bruselas.
Sin embargo, de aquella consideración, a la luz de los recientes debates en España sobre cómo concretar el derecho a decidir de Cataluña, me interesa el plantear si además de la consulta/referendo decisorio al pueblo inglés sobre si continuar o no -en determinadas circunstancias- en la UE, debiéramos refrendar el conjunto de los ciudadanos de la Unión si respaldamos las condiciones y reformas que se están planteando para hacer posible que el sí gane en aquel referendo. Pues podría suceder que los ingleses quisieran pertenecer a una UE que el resto de los pueblos de la misma no quieren conformar.
La discriminación por razón de nacionalidad de origen de las ayudas a recibir por un residente legal en el Reino Unido es un ejemplo de un tal riesgo. Pues abre una brecha discriminatoria letal para el concepto de ciudadanía europea, ya que en vez de transitar hacia una mutualización de los derechos ciudadanos se podría generalizar y consolidar la desigualdad sobre los mismos. Que en vez de que la protección social sea cada vez más homogénea entre las naciones y ciudadanos europeos, se convierta en cada vez más desigual dentro de un país según la nación europea de procedencia de sus residentes.
Es esto algo que no pueden zanjar los jefes de Gobierno comunitarios en maratonianas reuniones nocturnas (tampoco un Parlamento Europeo que está siendo relegado). Solo valdría hacerlo mediante un referendo en el conjunto de la UE sobre si ese nuevo encaje es una condición asumible para evitar que un Estado miembro deje de serlo.
Porque una cosa es que el reino Unido haya decidido -muy legítimamente- mantenerse con la libra fuera del euro y del ámbito del Banco Central Europeo (lo que, dicho sea de paso, les ha permitido devaluar su moneda, evitar el austericidio a la alemana y favorecer la creación de empleo tras una monumental crisis financiera) y otra muy distinta pretender mantenerse dentro de la UE tratando a millones de ciudadanos como si lo fuesen de terceros países.