Las cuentas de la Seguridad Social se están hundiendo a pasos agigantados. La principal causa de este vaciamiento viene determinada por la ralentización de la recaudación por las cotizaciones, que no crecen al mismo ritmo que el empleo y que, por tanto, han dejado de ser la principal fuente de financiación de nuestro y sistema y del fondo de reserva.
Este fondo fue creado por el Pacto de Toledo con la intención de atenuar los efectos de los ciclos económicos, para lo cual se propuso la constitución de fondos de equilibrio con los excedentes que pudieran existir en los ejercicios presupuestarios de momentos de bonanza que permitiesen actuar en los momentos bajos del ciclo sin acudir a incrementos de las cotizaciones o reducciones de prestaciones. El Gobierno, recientemente, ha tenido que echar mano del fondo para pagar las pagas (extra y ordinaria) de los pensionistas, lo que ha dejado esta hucha en niveles de 2005. Además se prevé que tenga que repetir la operación en el futuro más inmediato, en concreto para pagar las extras de diciembre del 2016 y las del 2017, con lo que quedará agotado el saldo de dicha hucha. Tradicionalmente la caja de las pensiones ha sido utilizada por los distintos Gobiernos impunemente para hacer frente a gastos que deberían haberse sufragado con cargo a los impuestos, como es el caso del complemente de mínimos de las pensiones más bajas y las pensiones no contributivas de viudedad u orfandad, por citar algún ejemplo. A esto habría que añadir el pago de subvenciones, bonificaciones y reducciones para la contratación, o los subsidios por desempleo. Con todo esto no es de extrañar que hayan saltado las alarmas sobre el futuro del sistema público. Por ello, el Gobierno ha introducido en la Ley de Presupuestos la necesidad de establecer un nuevo sistema de ingresos para el pago de las pensiones no contributivas antes citadas. Por otro lado, los agentes sociales urgen al próximo gobierno para que tome medidas dirigidas a salvar al fondo de reserva. Los sindicatos más representativos se inclinan por reforzar los ingresos a la Seguridad Social a través de los impuestos, pero siempre dentro del marco del Pacto de Toledo. La misma tesis ha sido mantenida por el Tribunal de Cuentas en la Cuenta General del Estado del 2014, el cual urge al gobierno a abordar la insuficiencia de transferencias del Estado a la Seguridad Social para dar cobertura a gastos que deben ser financiados a través de la financiación general y no mediante las cotizaciones. Pese a que la Ley de Seguridad Social establece que las pensiones deben pagarse, preferentemente, con las cotizaciones, ha quedado suficientemente demostrado que este sistema no es suficiente. Quizá la solución se halle en el sistema seguido por casi todos los países europeos, donde las pensiones se pagan con cargo a los impuestos.
El debate que se abre ahora es si debe incrementarse la tributación para obtener mayores ingresos y, por ende, recursos, o si se acomete un fuerte ajuste del gasto público. A mi juicio deben adoptarse simultáneamente ambas medidas, máxime si tenemos en cuenta la necesidad de reducir el déficit público.