Rajoy expuso ayer en el Congreso un programa para su investidura que, como era de esperar, se ajusta en gran medida al documento 150 compromisos para mejorar España, firmado el 28 de agosto por Ciudadanos y el PP.
Basta leerlo con detalle (39 páginas de apretada letra, escritas a un espacio, más un anexo sobre dotación presupuestaria destinado a hacer efectivas las medidas que exigen previsiones financieras) para concluir que, tanto por su extensión como por su completitud (crecimiento económico, competitividad y empleo; sociedad del bienestar y del conocimiento; transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción; fortalecimiento de las instituciones y modelo territorial; España en Europa y en el mundo), el documento se parece más que a cualquier otra cosa a un programa de gobierno, tan concreto en unos casos e indeterminado en otros como tales programas suelen serlo.
Más allá del juicio que merezcan sus contenidos específicos, el hecho de que el PP lo haya firmado demuestra que es el único de los tres grandes partidos implicados en el desafío de la gobernabilidad (el propio PP, C’s y el PSOE) que ha entendido cuál es su posición y cuáles sus posibilidades en coherencia con el mapa parlamentario surgido de las elecciones generales. Ser el primer partido le da derecho a Rajoy a gobernar, pero sabiendo que ha de llegar a acuerdos con fuerzas que le permitan obtener la mayoría de la que, para presidir España, carece por sí solo.
No cabe decir lo mismo de Rivera, quien, dada su privilegiada posición en el Congreso, ha arrancado al PP un programa de gobierno, pero negándose a asumir la responsabilidad que es consecuente con sus logros: o entrar en el Ejecutivo o conformar con él una mayoría parlamentaria tan estable como resulte necesaria para hacer efectivo lo pactado. En lugar de ello, Rivera pretende sacar adelante sus 150 medidas sin otro compromiso que el de votar sí a Rajoy en la investidura, lo que constituye una frivolidad y una inconsecuencia expresivas de su muy deficiente conocimiento del funcionamiento de un régimen parlamentario digno de tal nombre.
El caso del PSOE resulta, por desgracia, mucho peor para todos: también para el PSOE. Y es que su actual dirección desprecia el modo en que funciona, no ya el parlamentarismo, sino la propia democracia. Su veto para que sea elegido presidente un candidato al que le faltan seis votos para la mayoría absoluta sin ofrecer a cambio otra cosa que la segunda repetición de los comicios supone una burla inadmisible a la voluntad expresada el 26-J por 24 millones de españoles. La alternativa a una mayoría es, en democracia, ofrecer otra mayoría y no forzar nuevos comicios con la esperanza de mejorar en ellos resultados. El dirigente socialista Fernández Vara lo explicaba ayer, poco antes de que Rajoy subiera a la tribuna: «España necesita tener un Gobierno y si tú no puedes hacerlo, tienes que dejar a alguien que lo haga». ¿Es tal obviedad, señor Sánchez, tan difícil de entender?