Ahora que el Fondo de Reserva o hucha de las pensiones se está quedando sin los 67.000 millones que llegó a acumular entre el 2000 y el 2011 en el Pacto de Toledo, se está considerando cubrir el déficit del sistema con impuestos generales. Sin duda, existe margen para ello, puesto que si en España se recaudase en impuestos el mismo porcentaje sobre el PIB que la media europea ingresaríamos 70.000 millones más. Una cifra que cubriría tanto el déficit actual del sistema de pensiones como nuestro déficit público total.
Podría, sin embargo, objetarse que no debe mezclarse un sistema de cotizaciones (pensiones) con la financiación del resto de los servicios públicos -como, por ejemplo, la sanidad universal, que se financia con impuestos-.
Lo que sucede es que esto ya se mezcló en el pasado usando las cotizaciones al sistema de pensiones para financiar nuestra red hospitalaria actual.
Lo recuerdan en un reciente informe del sindicato Comisiones Obreras para el Pacto de Toledo: «Las cotizaciones han servido en el pasado para suplir la insuficiencia impositiva y sostener la sanidad y otras políticas públicas, por la vía de la transferencia al Estado de los superávits del sistema de Seguridad Social que durante décadas no se destinaron a dotar al Fondo de Reserva. Aunque solo sirva como ejercicio didáctico, pues ninguna deuda se ha generado, si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al del pago de pensiones, se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de 519.104 millones de euros, y no habría problema para financiar el aumento del gasto en pensiones provocado por el envejecimiento de la población».
De manera que si en las últimas décadas del siglo XX los superávits de recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social se hubiesen capitalizado (y no gastado en servicios que debían haberse financiado con impuestos) la hucha o Fondo de Reserva habría llegado al año 2011 con un volumen diez veces mayor del que llegó a alcanzar ese año. Y tendríamos margen para gestionar los actuales problemas de financiación de las pensiones durante no menos de quince años más.
Pero como en el pasado esos quinientos mil millones de euros en cotizaciones les ahorraron a la sociedad española otros tantos millones de impuestos, parece de justicia que ahora nuestro sistema fiscal se ponga las pilas para cubrir las necesidades de sostenibilidad del sistema de pensiones. Digamos que la hucha de las pensiones tiene derecho preferente a una línea de crédito con los presupuestos generales. Una devolución diferida.
Ello al margen de una reforma estructural de la financiación de unas pensiones que, en un mundo de galopante automatización, digitalización, externalización y desalarización, no pueden seguir descansando en un impuesto sobre los salarios.