Se cierra hoy la que podríamos llamar semana de la Constitución. En torno a ella se ha montado el acostumbrado ceremonial de críticas, alabanzas, propuestas de reforma y demás palabrería de ritual en estas fechas. Pasó el día, pasó la romería y todo vuelve a la calma: Rajoy sacó su cubo de hielo, la comisión de estudio puede tomarse con calma, no hay indicios de que doña Letizia esté embarazada, con lo cual no es urgente garantizar la igualdad de sexos en la sucesión en la Corona y lo de Cataluña tiene mucho que negociar antes de meterle el bisturí de cirujano. Ya nada es tan apremiante como lo era el martes por la mañana.
Pero al hacer el repaso, hay algo que me quedó grabado de las reclamaciones en los pasillos del Congreso: se habló de convivencia, Estado de Derecho y de derechos sociales o encaje de los territorios, grandes temas típicamente constitucionales. Pero, sobre todo por parte de los enviados de Podemos, se habló también de salarios, de injusticias sociales, de desequilibrios o de pobreza energética e infantil. Inquietante que ese tipo de mensajes proceda de políticos en ejercicio e ilustrados profesores universitarios de Ciencia Política. Inquietante, porque la Constitución no es eso. Ninguna Constitución está hecha para resolver los asuntos ordinarios de la gobernación. Esos asuntos, como su nombre indica, corresponden a la gestión de los Gobiernos. Si los Gobiernos son de derechas, tendrán menos sensibilidad social que los socialistas o los futuros gabinetes de Podemos. Si Podemos estuviese gobernando en este momento, el PP haría la crítica que hizo siempre: que la izquierda es sinónimo de paro, corrupción y crisis.
Hago estas anotaciones, porque de la orgía de palabras de la semana me ha quedado la incómoda sensación de que gran parte de los portavoces no quisieron hablar de la Constitución, sino de otra cosa. Y no es por incultura o defecto de información. Meten en el amplísimo saco de la Constitución todo lo que va mal para sus fines de provocar un proceso constituyente. Después de decir que el mayor pacto constitucional de nuestra historia, el que dio origen al «régimen del 78», ha sido una ficción y un montaje, ahora se trata de argumentar que ese pacto está agotado, que es propio de la «vieja política», que hay otras generaciones que tienen derecho a construir su propia legalidad y que, además, la legalidad que entonces nos hemos dado agrava la pobreza energética. Parece de broma. Aceptemos el derecho de las nuevas generaciones a reclamar un nuevo marco constitucional. Pero que no vendan pájaros de colores: las injusticias y la desigualdad tienen responsables de carne y hueso. Se distinguen por sus siglas. Y no están en la Constitución.