Dado que trato este tema con mucha frecuencia, aprovecharé el caso Urdangarin para dejar claras algunas ideas que valen para este caso y para más de la mitad de la población penal española. Porque lo que yo creo es que todo ingreso en prisión que no está dictado para la estricta defensa de la integridad de las personas degrada a la sociedad y al sistema que lo impone, nos define como sádicos ante las generaciones futuras, y desmiente todas las proclamas que hacemos sobre la reeducación y la reinserción de los penados.
Mi opinión es que los delitos económicos -y otros de similar naturaleza- no deberían ser castigados con cárcel, y que toda su sanción debería orientarse hacia el resarcimiento del delito y las multas complementarias, aunque para ello hubiese que establecer sanciones progresivas que evitasen la discriminación de los desfavorecidos. En casos especiales esta pena podría ser complementada con las inhabilitaciones que vengan al caso, siempre que su imposición no contribuyese a la degradación personal y a la marginalidad de los penados. Y, para poder corregir con inteligencia y cordura los desajustes inevitables de la proporcionalidad, deberíamos reponer los indultos generales, que, sin acepción de personas y con sentido práctico, deberían contribuir a la gestión digna y eficaz del sistema penitenciario.
Tampoco debemos olvidar que la publicidad esencial del sistema judicial castiga de forma durísima -y en parte irreversible- a los que gozan de fama o notoriedad en sus vidas y profesiones, y no solo por la pena de telediario, sino por la multiplicación del castigo pecuniario que se genera. Y para ilustrar esta forma de pena, que por ser dolorosa y educativa debe computarse adecuadamente, vale lo mismo el caso Urdangarin, cuyos delitos le dejan tocado de por vida, que el de su esposa, que, a pesar de ser declarada inocente, recibe un castigo más gravoso que su marido. Por eso creo que el fiscal Horrach se equivocó al pedir una pena provisional que incluso en este sistema penal sonaría a despropósito.
Si a la exagerada trullofilia que sufre España -¡vaya término que acabo de acuñar!- le añadimos el manoseo del Código Penal, el desplazamiento de otras jurisdicciones por el proceso penal, y la presión ciudadana a favor de la injusta ejemplaridad penal, creo que ha llegado la hora de revisar este sistema que casa tan mal con una sociedad segura y educada. Urdangarin no debería ir a la cárcel ni ahora ni después. Y más de la mitad de la población reclusa de España debería ser tratada y reinsertada fuera de la cárcel. Porque no dice nada bueno de los buenos que, en uno de los países con menos delitos del mundo, nuestra población reclusa triplique la del franquismo. Porque esa anomalía solo puede explicarse por la deriva de la cultura penal hacia la vil venganza.