Si bien fue Alfonso Guerra a quien la leyenda, aunque lo niega de forma pormenorizada en sus memorias, le asigna aquel sobrecogedor «Montesquieu ha muerto», la realidad es que desde el poder ejecutivo y su brazo el legislativo, o viceversa cual debiera, han sido numerosos los intentos para que la separación de poderes en el Estado lo fuera solo en apariencia. Palmario es lo oído de boca del ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz, cuando en tratos torticeros sobre la Generalitat catalana, con el magistrado Daniel de Alfonso, indica a su interlocutor: «Eso te lo afina la Fiscalía». A ello han contribuido también intereses económicos que han utilizado los entornos del poder ejecutivo para esquivar al poder judicial. Lejano en el tiempo, pero sintomático, tenemos el caso Banca Catalana y tantos otros que le han seguido.
En esta carrera de alterar las bases de la democracia establecidas por Montesquieu hace más de 250 años se afanaron poderes diversos, empezando por el Vaticano, que incluyó sus obras en el Índice de libros prohibidos, llegando ahora hasta la reforma Gallardón del Consejo del Poder Judicial, hace solo un instante. Pero todo ello no fue suficiente para desterrar a Montesquieu. Insatisfechos porque jueces y fiscales hayan procesado a más de dos mil cargos públicos, condenado a un exvicepresidente del Gobierno, cuatro o cinco presidentes autonómicos e incluso a un cuñado del rey, han decidido actuar también sobre el Ministerio Fiscal.
En cinco años, el Gobierno de Rajoy ha consumido ya dos fiscales generales y lleva camino de hacerlo con el tercero. Torres-Dulce dimitió, coherente con su principio de que la Fiscalía ya sabe lo que tiene que hacer y no necesita que nadie se lo recuerde. Consuelo Madrigal no llegó a los dos años por «no ajustarse al perfil que ahora se necesita».
El tercero, Maza, comparece de urgencia en las Cortes por las actuaciones en Murcia y La Rioja y los cambios en fiscalías principales, lo que dio lugar a denuncias por parte de fiscales de presión e intimidación y, en correspondencia, a la crítica sin reparos de ministros y dirigentes populares contra algunos fiscales. El Consejo Fiscal (nueve fiscales elegidos y dos natos) dio respuesta pública a tales críticas, respaldó a los fiscales y recordó su autonomía en un comunicado que comienza así: «Ante las declaraciones de responsables políticos, particularmente el ministro de Justicia» y concluye de este modo: «La labor del Ministerio Fiscal y de sus integrantes es susceptible de crítica, sin que sea admisible ninguna injerencia en nuestra actuación ordinaria».
Deslegitimar las instituciones y los poderes constitucionales, seguir amolando a Montesquieu lo es, promueve el avance de los populismos y la desafección de los ciudadanos. Por más que la justicia moleste a los delincuentes, sobre todo si fueren nuestros delincuentes.