Los guionistas de series televisivas se encuentran a veces con la dificultad de escoger un final que sea coherente y satisfaga a los seguidores. ¿Cómo acabará el enredo creado por los separatistas catalanes? Lo que llega a la audiencia, entre sorpresa, aburrimiento o indignación, es que hay que terminar de una vez, incluso aplicando el artículo 155 de la Constitución. Una intervención quirúrgica de ese tipo ya fue practicada durante la Segunda República. El problema político subsiste. Sin echar la vista atrás, que proporcionaría claves sobre su agravación, a las provocaciones separatistas se ha respondido desde la ley, que ha sido también utilizada por ellos, aunque resulte paradójico, aprovechándose incluso de la doctrina del Tribunal Constitucional. Ha ocurrido con la sentencia de 25 de marzo del 2014. En ella se les dio una pista cuando vino a declararse que el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña sería constitucional siempre que no fuese una atribución de soberanía o entendido como autodeterminación. Como hizo en su sentencia sobre el Estatut, otro de los singulares pretextos de discordia, no se limitó a anular el acuerdo recurrido, que es su función. Se metió a legislador al sugerir cómo puede ejercitarse constitucionalmente el derecho a decidir. Quedó muy guay con su unanimidad, pero generó una innecesaria ambigüedad, aprovechada por los secesionistas, que llegó hasta la pantomima de consulta del 9N por el que están imputados Mas y compañía. El Gobierno no planteó un incidente de ejecución de la sentencia. Es cierto que entonces no estaba prevista expresamente en la ley, pero es lo que procedía ante una institución de carácter jurisdiccional que el propio Tribunal Constitucional se ha reconocido. No admitirla habría sido muy perjudicial para el prestigio del Tribunal. El 9N no se habría producido.
Las resoluciones del tribunal se amontonan. La presidenta y otros cargos de la permanente del Parlament están concernidos judicialmente. ¿Hasta dónde podrá llegar la respuesta que está dándose desde la ley si, como se anuncia, se reforma el reglamento de la Cámara para tramitar y aprobar en lectura única una proposición de ley sobre la desconexión, que cuenta con la mayoría absoluta de los actuales secesionistas? Podrá ser recurrida por el Gobierno y vuelta a empezar. ¿Emplazará la Fiscalía a todos los diputados que la propusieron? El embrollo aumenta porque se pone en cuestión la validez de la democracia representativa. Podrá discutirse que la mayoría parlamentaria corresponda en la actualidad a la de los representados; pero es indiscutible mientras no haya nuevas elecciones. De otra parte, los tiempos de la Justicia no parece que permitan la inhabilitación inmediata de esos diputados e impidan la convocatoria de elecciones. Un asunto netamente político que enreda a los partidos en el Gobierno y es de resultado incierto. Más que a un final de la serie, parece que todo apunta a nueva temporada.