Visto con una cierta perspectiva de conjunto, el impacto que el trumpismo triunfante está teniendo en las relaciones internacionales tiene su sentido. Recordemos que durante varias décadas la rampante globalización, sobre todo en los mercados de capital, apenas trajo consigo lo que en buena lógica hubiera sido imprescindible: la construcción de unas estructuras de gobernanza global, genuinamente multilaterales, capaces de afrontar y regular unos flujos económicos cada vez más ignorantes de fronteras. De ese modo se fue trabando una gran contradicción -gobiernos nacionales frente a finanzas a escala mundial- que seguramente fue una de las causas más profundas de la crisis reciente.
Dado que en los últimos años se han registrado muy pocos avances en la superación de esa discordancia, por algún lado tenía que salir la frustración por ella creada. Y ha salido por el peor: la respuesta, casi diríamos que prepolítica, y en todo caso simplona, del «América primero» (que en este sentido es muy semejante al brexit). No está escrito, desde luego, que estos movimientos políticos vayan a significar el fin de la globalización contemporánea, al menos en un primer momento, entre otras cosas porque el daño que esto podría llegar a causar -por ejemplo, rompiéndose algunas cadenas de valor que hoy están en la práctica mundializadas-, tal vez ponga en marcha significativas reacciones que lo frenen.
Hay, sin embargo, una cosa que puede darse por segura: la política económica de la Administración Trump va muy en serio contra cualquier forma de multilateralismo. De las organizaciones internacionales en vigor sus miembros solo hablan para proponer o anunciar una rebaja de sus objetivos y presupuestos. Y, mucho más importante, ninguno de ellos ha consultado con sus socios extranjeros -ni parece que vaya a hacerlo- sus decisiones relativas al control de la inmigración, las restricciones al comercio o la desregulación financiera. Pero esas decisiones tienen consecuencias muy notables y directas sobre el resto de los países, por lo que cabe pensar que no tardarán estos en reaccionar en un sentido parecido.
Por ejemplo, si el Gobierno norteamericano -o, presionada descaradamente por él, la Reserva Federal- se niega a aceptar las normas internacionales para la regulación bancaria en marcha -el llamado acuerdo de Basilea III-, o echa abajo la buena ley reguladora de Obama (la Ley Dodd-Frank), ¿qué cabe imaginar que harán el resto de los gobiernos? ¿Asistirán impávidos a unos cambios que les causarán desventajas competitivas a sus entidades? No lo parece. Lo que más bien puede ocurrir es que muchos gobiernos se desdigan de su intención de avanzar en unas reformas que hasta hace poco se consideraban imprescindibles para impulsar finanzas más previsibles y seguras.
Es decir, del multilateralismo muy en precario pasaremos a la pura unilateralidad y a las respuestas hoscas y reactivas. Menudo viaje.