Si yo fuera catalán e independentista -y no lo soy, ni una cosa ni la otra-, diría que la Constitución padece una acusada cojera democrática: no reconoce el derecho de autodeterminación de las naciones que integran el Estado español. Y a continuación me hubiera planteado qué vía elegir para corregir esa supuesta deficiencia y reemplazar la ley que me niega lo que considero mi derecho como pueblo por otra ley que me otorgue el derecho a decidir.
Solo conozco tres maneras de sustituir una legalidad por otra: el golpe de Estado, la revolución o la reforma incubada en el seno del sistema. Los tres métodos presentan historiales de éxitos y fracasos. El caballo de Pavía o el levantamiento de Franco pusieron fin a sendas legalidades republicanas, pero numerosos pronunciamientos, incluido el tejerazo, fracasaron. Triunfó la revolución de los claveles, que abatió la dictadura de Salazar, pero la primavera árabe fue efímera. Y en España hallamos un ejemplo de cambio de régimen mediante una reforma cocinada en los fogones de la legalidad franquista: la Ley de Reforma Política que abrió las puertas a la democracia. Dicho sea de paso, éramos muchos entonces -aunque, por lo visto, no los suficientes para imponer la ruptura revolucionaria al modo portugués- los que considerábamos impracticable la intrincada senda que proponía Torcuato Fernández-Miranda: «De la ley a la ley a través de la ley».
La originalidad de la hoja de ruta del secesionismo catalán consiste en la mezcolanza espuria de las tres vías que deben conducir a la desconexión. La promiscuidad del procés. El todo vale, en español castizo. No se trata de un golpe de Estado, porque ni Mas, ni Junqueras ni sus acólitos disponen de fuerza bruta para ejecutarlo, pero sí del uso torticero de los resortes que el Estado puso en sus manos para desgajar a Cataluña del Estado. Tampoco abogan los susodichos por la revolución, porque las revoluciones solo son factibles con masivo respaldo popular, pero sí alientan y promueven desde las instituciones del Estado la formación de masa crítica suficiente que les permita justificar su deriva secesionista.
Finalmente, hasta ayer rechazaban un procés «a través de la ley», escarmentados tal vez por el fracaso del Plan Ibarretxe, que pretendía introducir el derecho a decidir de los vascos, pero ahora no dudan en afirmar que respetan escrupulosamente la legalidad vigente. La defensa realizada por Artur Mas ante el tribunal que acaba de inhabilitarlo por dos años demuestra el grado de cinismo alcanzado por el expresidente. Según él, «no había ánimo de cometer ningún delito ni de desobedecer a nadie». La consulta del 9 de noviembre del 2014 era perfectamente «legal», que recalcó su escudero Francesc Homs. ¿Dónde está, pues, el famoso desafío? ¿No ven ustedes que estas gentes solo pretenden cambiar la ley con la ley en la mano, algo que ningún demócrata de bien puede reprocharles?
Adviértase que hablo de medios y no de fines. Para concluir que si aquellos son bastardos, estos no pueden ser puros.