La justicia entierra el cadáver de Mas

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño A CONTRACORRIENTE

OPINIÓN

14 mar 2017 . Actualizado a las 08:14 h.

El molt honorable Artur Mas fue inhabilitado ayer para ocupar cualquier cargo público durante dos años por celebrar un referendo independentista pese a la previa prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Pero, en realidad, esa sentencia solo viene a confirmar por vía judicial la inhabilitación política y moral que arrastraba desde hace tiempo. Es imposible encontrar en el extenso parnaso de políticos impresentables que ha alumbrado España un personaje que acumule mayores méritos para ser considerado indigno de ejercer un cargo público.

En lo político, mucho antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le colgara ayer el estigma de ser un delincuente -por más que pueda recurrir la sentencia-, Mas ya había arrastrado por el lodo su dignidad mendigando durante meses a los antisistema de la CUP que lo convirtieran en presidente de la Generalitat. Hasta que estos lo enviaron a corrales. En lo moral, lo que vamos sabiendo de los casos Palau y Pretoria confirma que no solo estaba al tanto, sino que era uno de los actores principales de la trama de extorsión siciliana con la que se financiaba CDC. Artur Mas, lo saben hasta en su propio partido, era ya un cadáver político. Ayer solo se ofició el entierro.

Y eso, a pesar de que la sentencia es benévola, ya que, por más esfuerzos que hagan los jueces, es inexplicable que se le absuelva del delito de prevaricación. Si, como dice el fallo, la suspensión de la consulta «resultaba de una claridad meridiana para cualquier inteligencia media» -incluida, se entiende, la de Mas- ¿tomar las medidas necesarias para su celebración y llevarla a cabo pese a ser consciente de su ilegalidad no es acaso dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta, que es lo que exige la prevaricación? Si la fiscalía hubiera apostado solo por este delito, en lugar de abrir la puerta al de desobediencia para que los jueces se acogieran al argumento de que la ley impide que «se castigue doblemente la misma conducta», Mas estaría hoy inhabilitado por diez años. Habrá que ver, en todo caso, si el Tribunal Supremo es igual de magnánimo con el exconsejero catalán Francesc Homs, al que juzga por los mismos hechos.

Pero, más allá de su escasa severidad, la sentencia tiene la virtud de confirmar que, en Cataluña y en el resto de España, cuando un político viola la ley responde ante la justicia y paga por ello sin que eso suponga el fin del Estado español, como vaticinó grotescamente Francesc Homs. Mas está inhabilitado desde ayer. Y, sin embargo, el sol volvió a salir esta mañana en la Península por el cabo de Creus y se pondrá por el de Touriñán. Desde ayer, quienes pretendan seguir los pasos del expresidente catalán saben al menos que no les saldrá gratis.

Si el Gobierno y los jueces se mantienen firmes sin ceder al chantaje, el intento de Artur Mas y los suyos de tapar el hedor de su corrupción y su incompetencia echándose al monte y envolviéndose en la senyera acabará en fracaso y con todos sus responsables condenados por su intento de golpe antidemocrático.