El período que transcurrió entre las elecciones celebradas en diciembre del 2015 y la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en octubre del 2016 constituye una de las etapas políticas más bochornosas de la democracia en España. Dos comicios generales en menos de un año; cinco rondas de consultas consecutivas del rey en diez meses; tres sesiones de investidura fallidas; un candidato negándose a aceptar la encomienda del jefe del Estado para que forme Gobierno; un país con un Ejecutivo en funciones durante 315 días; el líder de la tercera fuerza autoproclamándose unilateralmente vicepresidente del Gobierno, nombrando cinco ministros y exigiendo el control del CNI y de RTVE; un partido que firma dos pactos de investidura alternativos con dos candidatos distintos en menos de seis meses; una fuerza antisistema con diez escaños decidiendo quién debe ser el presidente de Cataluña y enviando a corrales al ganador de las elecciones; un secretario general del PSOE desalojado de su cargo tras una trifulca barriobajera en un sótano de Ferraz...
La formación de un Gobierno parecía haber puesto fin a semejante ataque de locura colectiva. Pero, cinco meses después de la investidura, la situación en España no solo está muy lejos de normalizarse, sino que propende de nuevo al caos y el despendole. Sin ir más lejos, basta leer el periódico de hoy para enterarse de que el Gobierno ha quedado en minoría en el Congreso dos veces en seis días; que Ciudadanos, socio preferente del Ejecutivo, vota habitualmente junto a Podemos para dejar solo al Gobierno; que el Congreso rechaza por mayoría cumplir una sentencia dictada por la Unión Europea; que el Ejecutivo se dispone a pactar los Presupuestos con un partido como el PNV que, además de ser independentista, se solidariza con los apaleadores de unos guardias civiles de Alsasua; que el diputado de Nueva Canarias, que se presentó en coalición con el PSOE, va a votar a favor de los Presupuestos del PP; que Podemos expresa su «cariño» por los agresores de guardias civiles acusados de terrorismo y considera «víctimas» a los atacantes; que un diputado catalán es condenado por celebrar una consulta ilegal, pero en Cataluña se prepara otro referendo igual de ilegal; que el Parlamento catalán aprueba la financiación de esa consulta ilegal desoyendo a sus propios letrados y sin que ello tenga mayores consecuencias; que el líder de Podemos dice en el Congreso que al presidente del Gobierno «se la suda» y «se la pela» el Parlamento; que el PSOE sigue a navajazos y la gestora tiene que prohibir por burofax a Pedro Sánchez recaudar dinero para la campaña de unas primarias que todavía no se han convocado. Que el Ejecutivo, en fin, no ha podido aprobar un solo proyecto de ley desde que gobierna, mientras que la oposición no para de ganar votaciones.
Se puede mirar hacia otro lado y decir que al fin y al cabo habrá Presupuestos. Pero lo cierto es que el país sigue desmadrado, desgobernado y sin mayoría estable. Una situación que exige ya unas nuevas elecciones.