Sesenta años después del Tratado de Roma llega la primera demanda de divorcio: el Reino Unido desea poner fin a más de cuatro décadas de matrimonio con la UE. La demanda la interpone, por expreso mandato del pueblo británico, la primera ministra Theresa May, quien propone una separación negociada y amistosa. Aboga la premier por establecer un generoso «período transitorio» que permita a las partes adaptarse a la ruptura «suave y ordenadamente»: los británicos no tienen prisa en recoger sus bártulos y abandonar la casa común. Pretende también la primera ministra que, al tiempo que se negocian las condiciones del divorcio, se fijen las bases de su relación futura: que los cónyuges repartan los bienes gananciales y simultáneamente decidan qué tipo de vínculos seguirán uniéndolos. La carta termina -el «Dios guarde muchos años a V. I.»- expresando el deseo de una UE «fuerte y próspera».
¿Será tan civilizado el divorcio y tan plácida su tramitación? Me temo que no. Para empezar, como en toda separación, está la cuestión de los hijos. En este caso, los 3,3 millones de europeos que viven y trabajan en el Reino Unido y los 1,2 millones de británicos que residen en suelo europeo. Su inquietud, en este escenario de incertidumbre, está justificada. Nadie puede aclararles el futuro que les aguarda.
Después, envuelto en similar nebulosa, el asunto económico. Algunas estimaciones aventuran que el brexit restará 2,4 puntos de crecimiento a la economía británica en los próximos cinco años: 142.000 millones de euros para entendernos. También es probable que la economía europea se resienta en mayor o menor medida. Pero todo cálculo a priori se antoja un ejercicio inútil, porque solo hay una cosa evidente: la ruptura tiene un elevado coste económico. Puede perder el Reino Unido, puede perder la UE o pueden perder ambos. Pero la simetría no se da en esta esfera: puede ganar un cónyuge o puede ganar el otro, pero nunca ambos a la vez.
Finalmente, en la vertiente política, el brexit supone un tropezón sin paliativos en el proceso de construcción europea. Durante sesenta años, la Unión Europea no hizo sino crecer. Seis países fundacionales y ocho ampliaciones sucesivas, hasta configurar una comunidad de 28 miembros -y algunos más en lista de espera- y 508 millones de ciudadanos. El 2017 significa un punto de inflexión: por primera vez un socio abandona el club. Otros, francamente incómodos por hache o por be, mirarán de reojo la evolución futura del Reino Unido. Si al jinete solitario le va bien, tal vez más de uno no se resista a probar la manzana del árbol prohibido.
Y no descartemos que a la postre les vaya bien. En 1992, una operación especulativa de George Soros expulsó al Reino Unido del sistema monetario europeo (SME), el embrión del euro. La libra esterlina se desplomó y el Gobierno de John Major sufrió una severa humillación política. Pero la devaluación le vino de perlas a la economía británica. Quizá fue entonces cuando Londres se juramentó para no integrarse en la Unión Monetaria.