El encanallamiento de la vida pública

OPINIÓN

22 abr 2017 . Actualizado a las 10:02 h.

Pilar Canicoba

Son ya muchas las causas abiertas por diferentes motivos de corrupción, cuyas noticias abruman a los ciudadanos, minan la confianza en el sistema de convivencia que garantiza la Constitución, en ocasiones malinterpretado o mal desarrollado, y son aprovechadas arteramente para descalificarlo o, cuando menos, como munición para el envilecimiento de la controversia partidaria. No deberíamos quedar tranquilos con la aireada afirmación de que la Justicia funciona cuando se aplica a personas que tienen o han tenido una relevancia pública. Lo razonable en esta precipitada causa general contra el sistema sería no quedarse en la comprobación de los fenómenos, sino buscar las raíces que puedan explicarlos. En casos, el espurio enriquecimiento, que puede embozarse con ayuda al partido político, responde a motivaciones estrictamente personales; en último término, a que el ejercicio del poder no se ha entendido como un servicio al país. Para impedir la corrupción, los partidos políticos establecen regulaciones que los vinculen. Ocurre que en la carrera para mostrarse en público como muy determinante en ese empeño se va más allá del derecho constitucional a la presunción de inocencia, que queda difuminada por la prolongada tramitación del proceso penal. Ha sucedido en el caso del presidente de la Comunidad autónoma de Murcia. El PP aceptó la impostada exigencia de C’s para acceder a la presidencia y para mantenerla ha tenido que impulsar la remoción del que había sido elegido. Todo por el poder. Presentarse como más defensor de los derechos fundamentales de la persona que la propia Constitución no pasa de ser un fariseísmo democrático.

La imparcialidad del Ministerio Fiscal ha sido cuestionada en ese asunto y en el del expresidente de la Comunidad de Madrid. Y no han sido los únicos. Tiene que ver con nombramientos y cambios en ese ámbito, pero se extiende a otros como el Tribunal Constitucional. Esa duda ha afectado a la oposición del fiscal a que se cite al presidente del Gobierno como testigo en el caso Gürtel. De algún modo el sistema queda en entredicho, a merced de la acción popular presentada por una asociación de abogados que se convierte en el sustitutivo de quien tiene el mandato constitucional de promover la justicia en defensa de la legalidad. No se hundirá por esa comparecencia física o plasmática; pero no ayuda al prestigio internacional.

Bajo la capa de la libertad de expresión, garantizada por la Constitución, se conculcan otros derechos, sin que sea estimulante acudir a los tribunales para defenderlos, o se dificulta la convivencia. De todo ello hay constancia en el vocabulario utilizado en el Parlamento, en las redes sociales y ahora en la calle, con el trampa-tramabús de Podemos y su campaña acusadora. Está produciéndose un encanallamiento de la vida pública que clama por una regeneración. No es esperable de quienes lo están practicando y me temo que será ardua a los que han proporcionado el pretexto.