Estos días hemos tenido la oportunidad de palpar aquello que veníamos intuyendo. Algunas cosas eran lo que parecían. No hemos descubierto nada nuevo, nada ajeno a la condición humana y al poder, pero nos hemos dado de bruces hasta la náusea con organizaciones criminales que desde diferentes plataformas han estado expoliando lo común, y actuando con el cobijo, la protección o la ignorancia de quienes tenían la misión de perseguirlos.
En la sección A Fondo de este periódico se han podido leer las tropelías del penúltimo expolio, el del señor Ignacio González, y dos conversaciones de este: con un empresario presidente de club de fútbol y con un político retirado al mundo de privilegios de las puertas giratorias.
No había nada que no intuyéramos en esas vibrantes conversaciones. Lo nuevo era conocer en vivo que el poder político otorgado por los ciudadanos era utilizado para su provecho: «Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha: tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo: ‘A ver, venga usted pa acá’…».
También constatar lo que era sabido: los políticos puede que vivan por encima de sus posibilidades, pero aquellos que lo hacen desde las empresas públicas pareciera que no solo están menos expuestos al juicio público, sino que sus salarios e influencias destacan.
Y por último se evidencia que tener acceso a ese Gobierno, al parecer en propiedad otorgada, aporta protección e influencia para provecho propio. Introduciendo todo ello la desconfianza y las dudas sobre las actuaciones del Gobierno, sobre todo en Justicia e Interior, con derivaciones a la Fiscalía e incluso a la judicatura.
Asombra saber que para el ministro de Justicia la responsabilidad política de la corrupción se salva en las urnas. Pero lo indecente son las artimañas y la capacidad de influencia de algunos corruptos para intentar interferir en sus responsabilidades penales.
No sorprende que Rajoy apoye a sus ministros de Justicia e Interior, sí sorprende que ambos o sus colaboradores interactúen con tanta camaradería con quien lleva desde hace años una vida por encima de sus posibilidades. Por más que en esas conversaciones que hemos podido leer se encuentren algunas claves: «El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte, o los tienes controlados o estás muerto… ¿Y el fiscal? ¿No se puede hablar con el fiscal?».
Esa pregunta alerta. Por lo último conocido el fiscal deseado fue nombrado. De sus actuaciones en torno a González nace la desolación. Porque la fuerza pública necesaria para defender los derechos ciudadanos, según nos recordaban en el acto fúnebre del policía francés asesinado en París, «se constituye para el beneficio de todos, y no para la utilización particular de aquellos a los que les ha sido confiada». Artículo 12 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 1789.