Los secesionistas están echando a España de Cataluña, en afortunada frase del sociólogo y académico Emilio Lamo de Espinosa.
Y es verdad que los independentistas en Cataluña, como antes lo hizo ETA en el País Vasco por otros procedimientos, están echando a España y a muchos españoles de Cataluña. Y lo hacen aislando y acosando a los constitucionalistas, suprimiendo los símbolos que nos identifican como nación en el espacio público, obviando la palabra España en los textos oficiales, en las declaraciones verbales y en las aulas, y colocando la enseña independentista, con chulería y sin rubor, en cimas de montañas y promontorios de costa. ¿Actúan los poderes del Estado por incumplirse la ley y quebrarse el Estado de derecho? No siempre. Hay que recurrir a los tribunales para que tarde y mal se reponga la bandera española en un edificio oficial, y no se puede mandar a la Guardia Civil para que retire la ilegal estelada que ondea impune y a la vista de todos. ¿No es esto echar a España de Cataluña?
El escritor y periodista Arcadi Espada pregunta por qué tenemos tanto respeto por los nacionalistas y los nacionalismos, «que han sido y son una maldición para Europa» («la peor de todas las pestes, que envenena la flor de nuestra cultura europea», escribe Stefan Zweig en El mundo de ayer), y en el mismo foro, titulado ¿Quo Vadis Cataluña?, el exministro Eduardo Serra inquiere «por qué se acepta como válida y en sustitución de la fórmula legal del juro o prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución, frases tan extravagantes como ‘hasta la constitución catalana’, ‘por un mundo más justo para todos’». ¿Acaso no es razón suficiente para que esas personas no tomen posesión del cargo? ¿Cómo podemos exigir que se cumpla la ley si aceptamos payasadas en actos solemnes?
Lamo de Espinosa no se explica por qué el Gobierno no ha encargado a figuras relevantes e indiscutidas de las más prestigiosas universidades mundiales un estudio sobre el coste para Cataluña de salir de España, de la Unión Europea y de las instituciones internacionales. «Costaría cuatro duros y sería de enorme eficacia» para rebatir las mentiras y abrir los ojos a los que se dejan engatusar, que son, grosso modo, un tercio de la población de Cataluña «porque está dividida en tres tercios: uno es el de los irreductibles, otro el de los que siempre se sentirán españoles, y un tercero que fluctúa».
Es evidente que debemos mirar y juzgar a los independentistas como lo que son: mentirosos, insolidarios y egoístas. Que sería profiláctico que no se admitiese una palabra más al juro o prometo. Y es verdad que la vicepresidenta del Gobierno, por decisión de Mariano Rajoy, ha relanzado la presencia del Estado en Cataluña como lo ha hecho siempre la Corona a través del monarca o del príncipe de Gerona, y que ahora diversos ministros celebran frecuentes reuniones en Barcelona con representantes de la sociedad civil y del mundo empresarial y cultural, sustituyendo el vació de antes por el afecto de ahora. Pero no es suficiente. Hay que impedir que los símbolos que nos identifican como nación desaparezcan de algún territorio y se sustituyan por un espacio hueco o, por lo que es peor, por otros que son inconstitucionales. Los ciudadanos ya están reaccionando, como lo demuestra que haya aumentado en un 750 % el acto público de jura de la bandera entre civiles. Queda el Estado.