Trabajo a diario en juzgados de Familia y de Violencia sobre la Mujer, y pocas veces me he sentido tan conmocionado como con el asesinato del niño coruñés a manos de su padre. Algo hay que hacer, pero nunca ponerse a legislar a golpe de drama. La serenidad es la mejor asesora de quien pretende mejorar un ordenamiento jurídico. Que el Defensor del Pueblo y la Xunta manifiesten tras la tragedia que no hay suficiente supervisión me parece una forma como otra cualquiera de echar balones fuera. Evidentemente que no la hay, pero no porque los juzgados competentes no hagan todo lo humanamente posible para que estos hechos no acontezcan, sino debido a la falta de medios humanos y materiales existentes en todas las Administraciones encargadas de frenar esta lacra. Que nadie culpe a un juzgado, o a la policía, de los crímenes de estos maltratadores. Los primeros aplican las leyes existentes en cada momento, y los segundos utilizan los escuetos medios de los que disponen. El legislador es el que tiene que ponerse las pilas, pero sin presión alguna que les obligue a sacar leyes de prisa y corriendo, y que luego resultan inoperativas por poco reflexionadas. Un padre condenado por violencia machista puede llegar a ser un peligro para sus hijos, ya que sabe que estos son la mejor arma arrojadiza contra sus exparejas. Pero como no todos los padres son iguales, hay que analizar los casos uno por uno, y para eso se necesitan leyes nuevas y medios para proceder en consecuencia. Es cuestión de priorizar a la hora de asignar partidas presupuestarias.