Okupas, con k de komunismo kafkiano

Roberto Blanco Valdés
Roberto L. Blanco Valdés EL OJO PÚBLICO

OPINIÓN

02 jun 2017 . Actualizado a las 13:17 h.

En un admirable ejercicio de profesionalidad, este diario lleva meses informando sobre un tema que, en gran medida, ha acabado por existir públicamente por el empeño de La Voz: el de la ocupación ilegal de viviendas por parte de personas o grupos que las toman por el método expeditivo de meterse dentro y quedarse allí hasta que la policía los desaloja o el dueño del inmueble secuestrado les paga por marcharse. 

El último episodio de desocupación ha tenido lugar estos días en Santiago. Un episodio insólito porque el gobierno local se ha enfrentado a él con la dureza de la más populista oposición. Compostela Aberta criticó a la policía, que actuaba por orden judicial, por «irromper» con «aleivosía e nocturnidade» en el edificio ocupado, donde se realizaban diversas actividades comerciales, como el servicio de comidas y bebidas o la realización de tatuajes, pese a la ausencia de las más elementales condiciones sanitarias. Compostela Aberta, apoyada por el BNG, Anova y En Marea, desautorizó también, por desproporcionada, la acción policial frente a la manifestación de apoyo a los okupas, desproporción algo llamativa, pues los seis heridos tras una auténtica batalla campal fueron policías. Para poner la guinda en el pastel, el Ayuntamiento amenaza ahora con una sanción surrealista, por incumplir las normas urbanísticas, al propietario del edificio desalojado, quien, tras tres años de ocupación, tapió puertas y ventanas para evitar que volviera a ser tomado por la fuerza, algo que las autoridades, según se ha visto, no están en condiciones de evitar.

Aunque la reacción de Compostela Aberta y sus apoyos pone de relieve que hay quienes aún no han asumido que gobernar es responsabilizarse del cumplimiento de la ley y las sentencias judiciales, el tema de fondo que plantean los okupas va mucho más allá. De hecho, este periódico ha probado que las ocupaciones ilegales de viviendas están frecuentemente controladas por mafias que, en ocasiones, ¡las alquilan!, y otras veces las toman por la fuerza con el objetivo de obtener un pago (auténtico rescate) a cambio de marcharse.

Pero aun cuando ese no sea el caso, y la ocupación se produzca por personas que han decidido llanamente vivir en una casa que no es suya, la ley y las autoridades que han de aplicarla tienen que asegurar que nadie ocupará una vivienda por la fuerza y que, de hacerlo, será obligada a desalojarla de inmediato.

Pues una cosa es que el legislador, respetando el derecho de propiedad consagrado en la Constitución, fije alguna medida fiscal disuasoria para combatir la desocupación de viviendas cuando hay quien carece de un lugar donde vivir, y otra completamente distinta que las autoridades públicas practiquen este nuevo komunismo kafkiano amparador de los okupas que violan la ley mientras deja en la más absoluta indefensión a los que debían ser por ella protegidos.