La gran noticia española del día es la anulación por el Tribunal Constitucional de la llamada «amnistía fiscal» del año 2012, una de las grandes medidas del Gobierno de Rajoy. El PSOE, que la había recurrido, se considera triunfador y se lanza a pedir la dimisión de Montoro. Este cronista se sitúa en la posición de siempre: si el TC decide que algo es inconstitucional, es inconstitucional. Él es la autoridad, suya es su última palabra y nada se puede objetar. ¿Nada? Yo creo que algo sí. Personalmente, creo que se pueden hacer al menos cuatro objeciones.
La primera es que aquel decreto-ley no fue una amnistía. Amnistiar es perdonar y borrar antecedentes. Lo que hizo Montoro fue abrir un período de regularización para que los dueños de capitales en otros países los confesaran al fisco. La injusticia que aduce el tribunal estuvo en la carga fiscal: un módico 10 por ciento (un 3 por ciento real), sin ningún tipo de sanción, un trato muy distinto al que recibe quien solo se equivocó en su declaración de renta, pero sin voluntad de defraudar. Si técnicamente no fue una amnistía, difícilmente se le puede aplicar el artículo de la Constitución que prohíbe las amnistías.
La segunda es que resulta legítimo que el Gobierno adopte las medidas oportunas para ajustar el déficit público, que el tribunal discute. Pero se da la circunstancia de que el Gobierno no buscaba estrictamente eso, sino lo dicho: aflorar capitales ocultos a Hacienda. Y esa operación ha sido un éxito: gracias a ella, han sido identificados 95.000 millones de euros. Tal cantidad de dinero es una de las causas de la recuperación económica. Un Tribunal Constitucional no debiera desconocer esos efectos.
La tercera es que los magistrados caen en el mismo pecado que denuncian: santifican la desigualdad de trato. Según la sentencia, no se podrán revisar las declaraciones de quienes habían evadido esos 95.000 millones. Si eso no se puede hacer, ¿qué sentido tiene la anulación de la llamada amnistía? A mi juicio, solo el valor de marcar un camino: nunca más podrá haber nada que suene a amnistía fiscal. Pero los evasores confesos mantienen exactamente los mismos beneficios y privilegios que les otorgó aquella gran perdonanza.
Y la cuarta, la tardanza. Se declara inconstitucional en el 2017 lo que se hizo en 2012. Han pasado cinco años. Transcurrido tanto tiempo, la sentencia pierde su valor. Proporciona unos magníficos titulares informativos, da vidilla al Partido Socialista en un momento en que necesita algún triunfo institucional y ahí se acaba todo. Los beneficiados por la regularización pueden reunir a su familia, descorchar una botella de cava y hacer una gran celebración con música de «que nos quiten lo bailado».