El Constitucional acaba de tumbar una amnistía fiscal que en realidad nunca existió. El ministro Montoro se negó a aceptar que en España haya habido una amnistía fiscal y acabó convirtiéndola, no sin gran esfuerzo, eso sí, en una «declaración tributaria extraordinaria». Parece como si el TC perdiera el tiempo con sus resoluciones. Tampoco avala la consulta insurgente catalana y, sin embargo, Puigdemont nos adelantó ayer, en una comparecencia soporífera, que se celebrará el 1 de octubre con una pregunta un tanto cómica. Aunque, claro, puede que el referendo se celebre aunque no exista porque el Gobierno de Rajoy se niegue a reconocer que se celebró, que es lo que ocurrió con el anterior. Con lo cual el Constitucional se habrá pronunciado sobre dos acciones inexistentes. Para eso lo queremos.
Resulta tan difícil de aceptar que los servicios jurídicos, consejeros, asesores, amigos y familiares de Montoro no advirtieran de la inconstitucionalidad de la norma de la que se beneficiaron Rato, Bárcenas, Pujol, Granados, Villa y narcotraficantes varios como que los de Puigdemont no le avisen de la ilegalidad manifiesta del plebiscito.
Para los ciudadanos preocupados por cumplir escrupulosamente con la legalidad, actitudes como las de Hacienda y la Generalitat suponen un insulto irreparable. Y mucho desánimo. Nos hacen pensar que solo las élites de este país disponen de bula para hacer lo que les viene en gana, frente a los que a nada que se mueven cae sobre ellos el mazo. En los dos casos que comentamos, se ampara y ayuda a los que están fuera de la ley.