En el abismo desconcertante de la crisis hubo un momento en el que todo parecía posible. Por la compuerta salía cada día una certeza: bancos al borde del corralito, la clase media haciendo cola en la cocina económica, la mitad de los juveniles en paro, la gran evasión migratoria otra vez a todo gas, aeropuertos para peatones y aquellos figurantes horteras de la boda de Aznar asomándose al patíbulo de Soto del Real. La piel de España estaba reventada de bótox y en cinco días todo se descolgó a la altura de nuestro pescuezo: Fagor, Panrico, Flex, Pikolin, Scalextric, Pescanova, Caramelo, Nueva Rumasa, Marsans, Fadesa y el Pastor, Caixanova y Caixa Galicia, delante, detrás, un, dos, tres, una conga machacona que cada día empujaba a la nada a 180 empresas. En aquellos días era fácil sentir la angustia abisal que antecede a un ataque de pánico y aquella indignación de la masa que intuía que algo de aquello iba a quedarse para siempre. Lo del Banco Popular de estos días lo confirma. Demasiada letra pequeña en un proceso sospechoso que pagarán los de siempre. Black Rock, el segundo mayor accionista, especulando a la baja. ¿Y quién está en Black Rock? Permanezcan atentos a las pantallas. Y luego está también la reciente condena judicial de aquel infame perdón fiscal de Montoro. Una amnistía que benefició a Rato y a Bárcenas, a los Pujol, a Francisco Granados, Diego Torres y Fernández Vila, al testaferro de Ignacio González y al de Bárcenas, a cuatro Borbones y a la mujer de Cañete, ministro de España por la gracia de dios. El Constitucional ha venido a sentenciar lo que en el 2012 nos corría por las tripas: que el Ministerio de Hacienda devenía en cooperador necesario de golfos apandadores, listillos y cortesanos y que lo de «Hacienda somos todos» era una instrucción para pringados.