¿Se acuerda usted del Banco Pastor? Un banco que a la mayoría de la gente le inspiraba garantía y protección. Hasta el nombre ayudaba a ello. ¡Cómo no fiarse de un banco que se llamaba Pastor! De hecho, no eran pocos los que allá por los años ochenta del siglo pasado tenían una libreta de ahorro infantil del Banco Pastor. Como ven, tampoco les estoy llevando a la prehistoria. Ni falta que hace. Han bastado tres décadas para que ese estado de cosas se haya esfumado. Primero, siendo absorbido por el Banco Popular. Después, siendo borrado del mapa por la reciente operación del Santander.
¿Qué explica esta dinámica tan enloquecida y perversa en tan poco tiempo? Muchos podrán argüir que ha sido la propia evolución social, económica y financiera la que, inexorablemente, ha llevado al desenlace que a estas alturas todo el mundo conoce. Yo destacaría, sin embargo, en todo este proceso el papel primordial de los directivos de la entidad.
Como cualquier empresa, los bancos suelen estar administrados por personas distintas de sus propietarios. Y los intereses de los gestores no tienen por qué coincidir con los de los dueños. Por ejemplo, los accionistas quieren que los gestores trabajen duro para maximizar el valor del banco, mientras que es posible que los gestores deseen minimizar su esfuerzo a cambio de la mayor retribución posible. Hace mucho tiempo que la economía de la información ha estudiado de manera prolija este conflicto de intereses y lo ha resuelto de manera razonablemente satisfactoria, proponiendo contratos de incentivos. La idea es sensata: como es difícil verificar el empeño de los altos directivos, se trata de observar los resultados del banco y proveer incentivos al buen comportamiento recompensando los buenos resultados.
Sin embargo y a la vista de los resultados del Banco Pastor primero y del Popular después, así como de las remuneraciones de sus altos ejecutivos -incluyendo los millonarios finiquitos o paracaídas dorados tras dejar sus bancos al borde de la quiebra-, no parece que las enseñanzas de la economía de la información hayan sido trasladadas al día a día de los contratos. Y es muy posible que el desmadre que en algún momento se produjo en los contratos de los directivos y su discrepancia con los resultados explique buena parte del desenlace final. En román paladino, ¿tiene sentido que una empresa al borde de la quiebra remunere con treinta millones de euros a una persona? Si es para hundirla del todo, tal vez sí.
La explicación que los expertos en remuneraciones suelen ofrecer a los contratos acorazados es que la relación laboral entre un directivo y su empresa tiene «carácter especial», algo que contempla el Estatuto de los Trabajadores y que ratifica un real decreto de 1985. Y, a pesar de que la Comisión Europea recomendó en el 2009 que los pagos por rescisión de contrato no representasen una recompensa del fracaso -recomendación repetida en el 2015 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores-, muchas empresas (bancos entre ellas) han hecho oídos sordos a ella y sus principales ejecutivos continúan gozando de blindajes desorbitados.
¿Por qué las asambleas de accionistas no dicen nada al respecto cuándo tienen la oportunidad? Esta es otra historia que merece ser contada en otro momento.