Los sucesivos atentados terroristas, reivindicados por un Estado que se enfrenta a otros que reconocemos como Occidente, más que por la geografía por su tradición y valores culturales, es una muestra implacable de su dimensión global, que reclama imperiosamente unidad de reacción. Interpela a todos los países y pone en cuestión la capacidad de respuesta del sistema de gobernanza, desde la Unión Europea a la mundial. La manifestación de hoy en Barcelona es un nuevo reclamo, sobre cuya virtualidad en la política interior no voy a insistir. No se trata ahora de hacer un relato de la falta, insuficiencia o desacierto de esa respuesta, que de todo ha habido, y que ha contribuido al descrédito de Naciones Unidas. También ahora existe un enemigo común, diferente, sin límites de fronteras, que atenta a los derechos de la persona en los que tiene su asiento la democracia. Más allá del desafío terrorista, se precisa una respuesta en casos en que la fuerza del poder se impone al derecho establecido sin que haya una guerra declarada.
En ese sentido, lo que está ocurriendo en Venezuela constituye un paradigma de cómo puede golpearse un sistema democrático. No se trata del característico golpe de Estado protagonizado por una fuerza militar. Es la utilización de elementos de la propia Constitución, que se interpreta fraudulentamente y que, a la postre, se convierte en una cáscara vacía que encubre el golpe. Se convoca una Asamblea Nacional Constituyente que, en efecto, está prevista en la Constitución de 1999. No es, sin embargo, la que se ha convocado marginando a los partidos políticos; ni el cometido encomendado es el previsto en la Constitución. El objetivo palmario ha sido invalidar los resultados de las últimas elecciones celebradas en las que los partidos políticos opuestos al presidente Maduro obtuvieron la mayoría. Los legítimos representantes del pueblo se encuentran en una situación de total indefensión porque no tienen ningún amparo judicial nacional. La fiscal general que se manifestó en contra de la situación ha tenido que exiliarse y, para colmo del sarcasmo, el presidente venezolano pretende pedir su detención a Interpol.
La Asamblea Constituyente se autocalifica de «órgano supraconstitucional» y todos los órganos públicos le quedan subordinados. Se justifica para «hacer más eficiente el Estado y corregir las posibles desviaciones en funciones de algunos poderes constituidos». No hace falta cumplir con la formalidad de redactar una nueva Constitución. La actual continuará vigente en todo lo que la Constituyente disponga. Ni tampoco suprimir la Asamblea Nacional elegida en su día; simplemente se le ha quitado su poder de legislar: un cuchillo sin hoja ni mango. Es la sanción por no haber acudido su junta directiva a la reunión convocada para ratificar a Maduro como presidente. La comunidad internacional debería restaurar el derecho.