En estas columnas de periodicidad semanal y de unos tres mil caracteres me he pronunciado sobre la deriva secesionista. No soy un bombero silencioso, ni un incendiario, ni un entretenedor, ni un catastrofista, sobre lo que ahora se califica con razón la peor crisis política de nuestra democracia. A comienzos del 2015 publiqué un libro, El itinerario desviado del Estado autonómico, que pretendía responder a la pregunta ¿cómo hemos llegado a esto? cuando ya se había celebrado el falso referendo del 9N del 2014. No me he limitado a repetir hasta la saciedad los diferentes aspectos negativos, no solo para Cataluña, que tiene ese desafío netamente inconstitucional; he sostenido que la respuesta del Gobierno no era la única posible que permite la Constitución; que se trata de una cuestión de Estado. La sentencia del Tribunal Constitucional del 2015 dejó clara la inconstitucionalidad de lo que ahora ha vuelto a intentarse. A qué había de esperarse para aplicar lo que la Constitución prevé de un modo específico cuando una comunidad autónoma atente al interés general de España, cuyas medidas habría que concretar.
La táctica del Gobierno ha sido recurrir al Tribunal Constitucional las decisiones de tinte secesionista que se vayan adoptando. En este absurdo juego de ratón y gato no debe provocar sorpresa que los impulsores del procés jueguen sus cartas para evitar o retrasar la suspensión automática que produce la interposición del recurso. La ciudadanía sigue con indiferencia, curiosidad, hastío o estupor el calendario que sus promotores deslizan con el ritmo propio de una película, incluido el suspense del final y se pregunta cómo va a terminar.
Ha sido una táctica consciente del Gobierno que lleva al encontronazo, en la confianza de que será materialmente imposible la celebración del referendo, Montoro díxit. Se fía en las competencias atribuidas al Tribunal Constitucional en un intento de reparar el grave error de no haber impedido el 9N, después del cual los independentistas obtuvieron en las elecciones la mayoría absoluta que mantienen. Y es significativo que pese a que haya disminuido el porcentaje de los indepes, según los sondeos ronda todavía el 40 %. Quizá no haya un referendo con todas las de la ley, pero un sucedáneo es posible y las sanciones a imponer por el Tribunal Constitucional, si es coherente con su función, no tendrán el efecto disuasorio que pretende la vicepresidenta, de limitarse a unas pocas personas. Tendría que sancionar a todos los que aprobaron el acuerdo del Parlament declarado inconstitucional y a los órganos públicos, léase ayuntamientos, que lo secunden. Por qué se ha seguido esa táctica que conduce a un después electoral incierto en Cataluña. Sin descartar que pueda aprovechar la mayoría absoluta del PP en el Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución, como medida de urgencia, Rajoy se presenta como valladar solitario contra el independentismo. ¿Cuánto peor, mejor?