Cada año unas 25.000 personas enfermas de cáncer se enfrentan, además, al riesgo próximo de caer en la exclusión social.
Son autónomos que han tenido que dejar de trabajar y, por tanto, de percibir ingresos, pero deben seguir pagando sus cuotas, por lo que a muchos de ellos apenas les quedan 400 euros cada mes para comer, pagar facturas y, si queda, también las medicinas.
Son personas a las que la enfermedad ha sorprendido en paro con bajas prestaciones o que se quedan sin subsidio mientras siguen luchando contra el cáncer.
Son trabajadores de bajos ingresos, que frecuentemente ven recortados en cuanto se dan de baja, y que suman a la dureza de la lucha contra el tumor, la incertidumbre de una economía precaria.
Si ya es duro y tantas veces muy largo el combate contra un cáncer -afortunadamente con más posibilidades de supervivencia cada día que pasa, por el rápido avance de las investigaciones-, tener que elegir entre comer o pagar los medicamentos que ayudarán a exterminar el tumor, añade un sufrimiento desmesurado y más inmerecido aun que la propia enfermedad.
Personas que sufren esta situación vienen denunciando desde hace años el doloroso olvido al que se enfrentan y el largo calvario de trámites administrativos y demandas judiciales que han de atravesar para lograr una mínima reparación a la injusticia que padecen.
La Asociación contra el Cáncer ha propuesto la puesta en marcha de un plan de protección integral de las familias con cáncer. La prudencia de la asociación habla de protección cuando podría usar términos menos eufemísticos como reparación de injusticias, finalización de olvidos sangrantes o del derecho a que, además de recibir tratamiento, puedan disfrutar (?) de unas condiciones de vida mínimamente dignas.