Desde hace más de dos años, causa una verdadera sorpresa que el presidente del Gobierno haga alguna propuesta de calado (por ejemplo, que la jornada laboral termine a las seis de la tarde). Y es que dista mucho de su modelo de decisión el hacer ofertas que traspasen la pura coyuntura y contengan cierto aliento de futuro. No solo debido a un problema de carácter o a la complejidad del momento político. La inacción del Gobierno a veces parece ser toda una táctica política: con esta composición del Parlamento, quizá pensó algún estratega, lo mejor es el dolce far niente. Si no haces nada, nada te podrán reprochar. En esas condiciones, la asombrosa pretensión que en algún momento manifestó Cristóbal Montoro de prorrogar los presupuestos dos años, como si tal cosa, es reveladora de que no hay más fin político que la pura inercia del gobernante.
Pensando en la economía, esa actitud de fondo contrasta con la que caracterizaba a este Gobierno cuando se estrenó, a finales del 2011. Entonces, sobre la base de una amplia mayoría, todo lo dominaba la retórica de las reformas económicas. Lo cierto es que, entre estas últimas, las únicas que se concretaron en algo real fueron la laboral -de resultados muy controvertidos- y la del sistema financiero, en realidad una macrooperación de rescate y saneamiento bancario bajo supervisión comunitaria. Es cierto que en estos años la economía española ha conseguido aprovechar, con una gestión de tono bajo, los impulsos venidos del exterior (los famosos vientos de cola). Pero si se levanta la mirada, de inmediato se reconoce un horizonte de problemas profundos que lastran nuestra perspectiva en el largo plazo: entre ellas, la desigualdad rampante, el malestar con las cuentas autonómicas, los déficits educativos y tecnológicos, la mala estructura impositiva, los interrogantes sobre el modelo de bienestar o el escaso peso en la gobernanza mundial. Todo ello sin llegar a algunas palabras mayores, como la que parece cada vez más lejana reforma de la Constitución (y que, sin embargo, nos está aguardando).
Sobre ese rosario de asuntos pendientes proponen y proponen los expertos, y algunos de ellos a veces llegan al ágora pública, pero el Gobierno ha conseguido aplicar un efecto narcótico, dejándolos fuera de la disputa política. Todo ello tiene un coste notable para el país: es un precioso tiempo desaprovechado, tanto más grave cuanto los retos de un mundo en cambio acelerado -tecnológicos, demográficos o financieros- ahora sí que no esperan.
Detrás de este ir tirando queda la evidencia de que falta por completo un proyecto de futuro para el país. Son años bobos, puro tiempo perdido. En esas condiciones, el tiempo que falta hasta las elecciones generales se antoja muy largo, una especie de limbo donde la política democrática languidece y del que urge salir. Aun siendo la estabilidad una gran virtud, ¿no será demasiado lesivo mantener esta legislatura inerte hasta el final?